Expertos independientes contratados por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU declararon que el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela ha cometido crímenes contra la humanidad.
Los expertos emitieron un informe este miércoles que decía que las personas responsables de delitos que incluyen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas deben rendir cuentas, en parte para garantizar que no vuelvan a ocurrir.
El informe fue encargado el año pasado por el Consejo de Derechos Humanos de 47 estados miembros, que cuenta con el respaldo de las Naciones Unidas.
Los hallazgos, basados en casi 3 mil casos que fueron investigados o examinados, concluyeron que Maduro y sus ministros de Defensa e Interior tenían conocimiento de delitos cometidos por las fuerzas de seguridad y agencias de inteligencia. Además, alegó que las autoridades de alto nivel tenían poder y supervisión sobre las fuerzas y agencias, haciendo responsables a los altos funcionarios.
Es probable que el informe avive las críticas internacionales y nacionales al gobierno de Maduro, que ha supervisado a un país hecho jirones con una inflación galopante, una violenta represión y un éxodo de millones de venezolanos que han huido a países vecinos para escapar de la agitación desde que asumió el poder en 2013.
El gobierno de Maduro se ha visto sometido a una creciente presión política de Estados Unidos y de decenas de otros países que consideran al político Juan Guaidó como el líder legítimo de Venezuela. Maduro ha llamado a esto un complot para derrocarlo y que Estados Unidos pueda explotar la vasta riqueza petrolera de Venezuela.
Los críticos en otros países ya han acusado al gobierno de Maduro de crímenes contra la humanidad. El informe de 411 páginas para el Consejo de Derechos Humanos representa una mirada extensa a las violaciones de derechos en Venezuela y se basó en entrevistas con víctimas, familiares, testigos, policías, funcionarios gubernamentales y jueces, así como videos, imágenes satelitales y contenido de redes sociales.
Los autores dijeron que no recibieron respuestas del propio Gobierno.
Los expertos – Marta Valinas de Portugal, Francisco Cox Vial de Chile y Paul Seils de Gran Bretaña – trabajaron bajo una misión de investigación que el consejo de derechos con sede en Ginebra estableció en septiembre pasado para investigar presuntos tratos crueles, inhumanos o degradantes y otros violaciones de derechos humanos en Venezuela durante los últimos cinco años
“Estos actos se cometieron de conformidad con dos políticas estatales, una para sofocar la oposición al Gobierno y otra para combatir el crimen, incluida la eliminación de personas percibidas como delincuentes”, dijo Valinas a los periodistas. “También consideramos que los crímenes documentados fueron cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil”.
“Por estas razones, la misión tiene motivos razonables para creer que equivalen a crímenes de lesa humanidad”, dijo, señalando los presuntos asesinatos arbitrarios y el uso sistemático de la tortura, en particular. “Lejos de ser actos aislados, estos delitos fueron coordinados y cometidos de acuerdo con las políticas de Estado, con el conocimiento o apoyo directo de los mandos y altos funcionarios del Gobierno”.
En el informe, los expertos dijeron que las violaciones ocurrieron en medio de un colapso de las instituciones democráticas, el Estado de Derecho y la independencia judicial en Venezuela. Dijeron que la gran mayoría de los homicidios ilegítimos cometidos por las fuerzas de seguridad no han dado lugar a enjuiciamientos y “en ningún momento se ha llevado ante la justicia a los funcionarios con responsabilidad de mando”, según un resumen de las conclusiones.
Un informe que la jefa de derechos humanos de la ONU, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, emitió el año pasado después de una visita a Venezuela que incluyó una reunión con Maduro dijo que el Gobierno había registrado casi 5 mil 300 asesinatos en operaciones de seguridad vinculadas a casos de “resistencia a la autoridad”. Bachelet también denunció un número “sorprendentemente alto” de ejecuciones extrajudiciales.
Según el artículo 7 del tratado de la ONU que establece la Corte Penal Internacional, un crimen de lesa humanidad se define como un acto cometido como parte de un “ataque generalizado o sistemático dirigido contra cualquier población civil”.
