Armas
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En un hecho sin precedentes, el Gobierno de México presentó, este martes 5 de marzo de 2025, sus argumentos ante la Corte Suprema de Estados Unidos en un caso que busca responsabilizar a empresas fabricantes y distribuidoras de armas por prácticas comerciales negligentes que, según el país, han contribuido al tráfico ilegal de armas de fuego hacia territorio mexicano.
El máximo tribunal estadounidense deberá determinar si estas compañías están protegidas por la inmunidad legal que tradicionalmente las ampara, a pesar de las acusaciones de que sus acciones han facilitado el flujo de armas hacia México, exacerbando la violencia y el sufrimiento en el país.
Este litigio se enmarca en una demanda presentada por México en 2021 ante una corte federal en Boston, Massachusetts, en contra de ocho empresas de la industria armamentista. En enero de 2024, México logró un hito significativo cuando la Corte de Apelaciones del Primer Circuito falló a su favor, superando la inmunidad que la ley estadounidense otorga a estas empresas.
Durante la audiencia, los representantes de México argumentaron que las prácticas comerciales de estas compañías permitieron que armas de fuego sean desviadas ilegalmente hacia el país, alimentando la violencia y vulnerando los derechos de la población mexicana. El Gobierno mexicano sostiene que estas acciones no están protegidas por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de Estados Unidos (PLCAA, por sus siglas en inglés).
México enfatizó que este caso contra los fabricantes de armas no cuestiona la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza el derecho a portar armas, ni busca interferir en la autodeterminación del pueblo estadounidense. En cambio, el litigio se centra en las prácticas irresponsables de las empresas que, según México, facilitan el tráfico ilícito de armas hacia su territorio.
Sobre ello, la presidente de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que el objetivo de esta demanda “es prevenir la violencia armada y detener el flujo ilegal de armas que ha causado un daño incalculable a la población mexicana”.
El caso generó un amplio apoyo tanto en México como en Estados Unidos. Legisladores, autoridades, académicos, activistas y organizaciones de la sociedad civil presentaron nueve escritos de amicus curiae (amigos de la corte) respaldando la postura de México. Entre los defensores de la causa se encuentran destacadas figuras y grupos que abogan por un mayor control en la venta y distribución de armas.
La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de tomar este caso refleja la solidez de los argumentos presentados por México desde el inicio del litigio en 2021. Se espera que el máximo tribunal emita su fallo a finales del segundo trimestre de este año.
El equipo legal que representa a México está encabezado por Jonathan Lowy, presidente de la organización Global Action on Gun Violence, y Steve Shadowen, quienes han trabajado en estrecha colaboración con el consultor jurídico de la Cancillería, Pablo Arrocha Olabuenaga, y Fadia Ibrahim, directora de Litigios sobre Privilegios e Inmunidades de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Durante la audiencia, la abogada Cate Stetson presentó los argumentos orales.
Este caso representa un esfuerzo estratégico del Gobierno de México, bajo el liderazgo del canciller Juan Ramón de la Fuente, para exigir que la industria armamentista estadounidense rinda cuentas y modifique sus prácticas comerciales, con el fin de detener el flujo ilegal de armas que afecta gravemente la seguridad y los derechos de la población mexicana.
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La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos podría sentar un precedente histórico en la lucha contra el tráfico de armas y en la responsabilidad corporativa de la industria armamentista a nivel internacional.
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