Interpol
Michoacán
Silvano Aureoles
¡Es oficial! El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, cuenta con una ficha roja por parte de la Interpol, lo que significa que lo podrán detener en más de 196 países. Esta medida se implementó por la presunta participación de Aureoles en un esquema de corrupción que desvió más de tres mil 412 millones de pesos de las arcas estatales, tal como lo declaró recientemente Alfredo Ramírez Bedolla, actual gobernador de Michoacán.
“El fiscal general de la República dejó en claro que, en este momento, su estatus legal es el de prófugo de la justicia”, señaló Ramírez Bedolla durante una conferencia de prensa, donde detalló que la investigación federal apunta a Aureoles Conejo como uno de los presuntos responsables de un fraude masivo vinculado a la adjudicación irregular de contratos.
El escándalo gira en torno a la empresa Inmobiliaria DyF S.A. de C.V., beneficiaria de contratos directos durante la administración de Silvano Aureoles (2015-2021). De acuerdo con documentos oficiales, la compañía (que no pudo acreditar la propiedad legal de los terrenos) recibió pagos millonarios por la construcción de siete cuarteles policiales en municipios como Apatzingán, Uruapan y Zitácuaro. Las irregularidades incluyen:
La Fiscalía General de la República (FGR) judicializó el caso bajo cargos de peculado, administración fraudulenta, lavado de dinero y asociación delictuosa.
Hasta ahora, cuatro exfuncionarios cercanos a Aureoles ya están arrestados. Ellos están identificados como Carlos “N”, exsecretario de Finanzas (quien obtuvo un amparo limitado, según el gobernador). Así como también los exdelegados administrativos Antonio “N”, exsecretario de Seguridad Pública; Elizabeth “N”; y Mario “N”.
Sobre el amparo de Carlos “N”, Ramírez Bedolla lo calificó como irrelevante: “Solo le permite comunicarse dentro del penal. Es lo que en el argot jurídico llamamos un ‘amparo patito’, porque no impacta su situación legal”.
El exgobernador de Michoacán, quien no ha emitido declaraciones públicas, sería uno de varios implicados con fichas rojas activas. Su paradero permanece como desconocido, aunque fuentes cercanas a la FGR sugieren que podría haber salido del país antes de que se emitieran las órdenes de aprehensión.
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El caso estalla en un año electoral clave para Michoacán, donde la sombra de la corrupción pasada se mantiene como un arma arrojadiza entre partidos. Mientras el gobierno actual insiste en que “no hay impunidad”, grupos anticorrupción exigen transparencia sobre por qué el desvío no fue detectado a tiempo.
