De acuerdo con informes recientes, a Alejandro Irarragorri Gutiérrez, presidente de Grupo Orlegi y dueños de un par de equipos de la Liga MX (Santos y Atlas), lo declararon “prófugo de la justicia”. ¿Por qué?
Un juez federal lo determinó así luego de que Irarragorri Gutiérrez no se presentó a la audiencia judicial que tenía programada en Torreon, Coahuila. Lo anterior debido a las acusaciones que el empresario tiene sobre una presunta defraudación fiscal por una suma superior a los 17 millones de pesos.
Hace unas semanas, el 20 de marzo pasado, Alejandro Irarragorri tuvo una audiencia virtual. Sin embargo, el juez de control ordenó que, para este 24 de abril, el empresario acudiera físicamente a otra audiencia… pero nunca se presentó. Tras lo anterior, se le declaro evasor de la justicia y, por consiguiente, giraron una orden de aprehensión.
En defensa del empresario, sus abogados alegaron que la orden de captura se giró sin cumplir las formalidades del proceso legal. Por lo que de inmediato presentaron la debida demanda de amparo.
Mediante un comunicado emitido en su página oficial, el Club Santos acusó este viernes al sistema penal mexicano de trasgredir principios universales del Estado de Derecho, como el debido proceso y la presunción de inocencia. Esto en el caso que involucra a su presidente ejecutivo, Alejandro Irarragorri.
La controversia surge luego de que medios locales reportaran una presunta orden de aprehensión contra Irarragorri, vinculada a su inasistencia a una audiencia judicial relacionada con un litigio fiscal en contra del club. Sin embargo, la organización asegura que el juez de Distrito Luis Alfredo Mendoza García actuó con irregularidades procesales.
Según el club, el pasado 20 de marzo, Irarragorri asistió puntualmente a una audiencia virtual ante el juez Mendoza. Sin embargo, en pleno desarrollo, la sesión quedó cancelada y, supuestamente, se reprogramó para el 24 de marzo, “sin respetar los plazos legales”, denunció Santos Laguna.
“El señor Irarragorri no fue notificado formalmente de ningún apercibimiento. Por lo que su inasistencia no justifica medidas cautelares”. Señaló el equipo. La defensa del empresario sostiene que, de existir una discrepancia fiscal, esta debe resolverse en sede administrativa y no penal.
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El club Santos, propiedad de Grupo Orlegi, calificó el procedimiento como un intento de “presión disfrazada de acto judicial”. Y advirtió sobre los riesgos de criminalizar disputas que, en su esencia, son de naturaleza tributaria. Y aseguraron que agotarán todas las instancias legales para defender la presunción de inocencia de Irarragorri y exigirá una revisión de las actuaciones judiciales. Mientras tanto, el juzgado involucrado no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones.
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