Colombia
Miguel Uribe Turbay
La muerte del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, ocurrida este lunes tras dos meses de agonía por las heridas de bala recibidas en un atentado el pasado 7 de junio, sumió a Colombia en una crisis política y de seguridad que evoca los peores años de violencia de finales del siglo XX.
Su fallecimiento, confirmado por la Fundación Santa Fe de Bogotá, no sólo enluta a una familia marcada por la tragedia —a su madre, la periodista Diana Turbay, la asesinó el cartel de Medellín en 1991— sino que también confronta al país con un fantasma que creía superado: el magnicidio como herramienta de desestabilización.
Vía redes sociales, Maria Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, publicó un mensaje donde dio a conocer el fallecimiento del precandidato presidencial.
“Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”. Publicó en Instagram.
El ataque contra Uribe Turbay, perpetrado por un menor de 15 años reclutado por una red de sicarios, quedó calificado por la Fiscalía como magnicidio, un delito que no se registraba en Colombia desde el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, en 1989. Las imágenes del tiroteo, difundidas en redes sociales, revivieron el trauma de una sociedad que vio cómo la violencia política daba paso a debates más contemporáneos sobre reformas sociales y ambientales bajo el gobierno de Gustavo Petro.
Hasta ahora, suman seis personas detenidas, entre ellas Elder José Arteaga Hernández, alias ‘Chipi’, señalado como cerebro logístico del crimen. De acuerdo con la Fiscalía, este exconvicto recibió mil millones de pesos colombianos (unos 250 mil dólares) para coordinar el ataque, aunque aún no se identifica a los autores intelectuales. Las hipótesis abarcan desde venganzas del narcotráfico, hasta un intento de desestabilizar al gobierno o silenciar a la oposición.
Uribe Turbay, figura emergente del partido Centro Democrático y crítico férreo de Petro, escaló en las encuestas tras el atentado, posicionándose como símbolo de la derecha antipetrista. Su muerte podría reconfigurar el panorama para las elecciones de 2026, donde el partido ahora enfrenta un vacío de liderazgo.
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El propio Petro, cuyo índice de aprobación ya estaba en caída libre (64% de desaprobación en febrero según Bloomberg), intentó distanciarse de cualquier vinculación con el crimen. En un mensaje en X, insistió en que su gobierno “no persigue opositores” y prometió apoyar la investigación con expertos internacionales. No obstante, sus anteriores declaraciones —atribuyendo el ataque a “mafias” sin pruebas— son cuestionadas incluso por sus aliados.
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