Accidente
CDMX
La cifra de víctimas fatales por la catastrófica explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, de la Ciudad de México, ascendió a 20 tras confirmarse el deceso del conductor del vehículo y otra víctima más. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que, al corte de las 10:00 horas de este miércoles 17 de septiembre de 2025, 31 personas permanecen hospitalizadas —varias con quemaduras críticas— y a 33 ya les dieron el alta.
El conductor, identificado como Fernando Soto Munguía (de 34 años), falleció en el Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez” tras permanecer en estado crítico desde el accidente ocurrido el 10 de septiembre. Soto Munguía, quien no estaba detenido; pero sí bajo custodia, operaba la pipa que transportaba 49 mil litros de gas licuado de petróleo y que colisionó en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, liderada por Bertha Alcalde Luján, señaló que la investigación preliminar apunta al “exceso de velocidad” como la causa principal del accidente. El peritaje técnico determinó que el impacto contra el pavimento y un muro generó una fisura de 40 centímetros en el tanque. Esto pudo provocar la fuga masiva de gas y su posterior ignición. Adicionalmente, las autoridades descartaron categóricamente que un bache haya provocado la volcadura, tras realizar inspecciones en el lugar y verificar que no había anomalías en el asfalto ni trabajos recientes de reparación.
La pipa pertenecía a la empresa Transportadora Silza. Aunque la compañía aseguró contar con pólizas de seguro vigentes, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) señaló inicialmente que no había registrado solicitudes de seguros de responsabilidad civil o ambiental por parte de la empresa. La investigación también se centra en posibles irregularidades en el mantenimiento del vehículo y la capacitación del conductor.
El Puente de la Concordia, inaugurado en 2007, es una vialidad crítica que conecta la Ciudad de México con el Estado de México, Puebla y Tlaxcala, con un flujo de hasta nueve mil 600 vehículos por hora. No obstante, enfrentó problemas estructurales recurrentes, incluidos daños por el sismo de 2017, deslaves e inundaciones. El accidente ocurrió en un contexto de creciente preocupación por el transporte de materiales peligrosos en zonas urbanas densamente pobladas.
Tras la tragedia, la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció la creación de un protocolo de seguridad reforzado para el transporte de materiales peligrosos. Esto en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y la ASEA. El protocolo incluirá:
Además, el secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto, anunció la entrega de apoyos económicos a las familias afectadas: 20 mil pesos para personas hospitalizadas y 50 mil para familiares de fallecidos.
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La investigación continúa en curso, y la fiscalía mantiene abiertas líneas de investigación sobre homicidio culposo, lesiones culposas y daños. Mientras tanto, la Ciudad de México enfrenta el reto de equilibrar la necesidad de transporte de combustibles con la seguridad de sus ciudadanos.
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