Envían segundo paquete de Leyes Secundarias de la reforma al Poder Judicial

Sheinbaum resaltó que, con estas Leyes Secundarias de la reforma al Poder Judicial, se busca cumplir con la reforma constitucional. Y hacer que la justicia sea más expedita.

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, informó del envió al Senado, del segundo paquete de Leyes Secundarias en materia de la Reforma al Poder Judicial. Éstas buscan fortalecer el juicio de amparo para que sea más ágil y que garantice el acceso a la justicia, estableciendo plazos y términos claros.

Sobre ello, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, subrayó que el fin de este paquete de leyes secundarias es lograr que la justicia sea más rápida y evitar abusos de deudores fiscales, particularmente de quienes, a través del amparo, postergan el pago de impuestos.

“Lo importante es el fondo de estos cambios a las leyes que es cumplir con la reforma constitucional. Y hacer que la justicia sea más expedita, que sea más rápida”, declaró la mandataria mexicana.

Sheinbaum Pardo indicó que el amparo es un instrumento jurídico indispensable en el país. Por lo que, con la reforma, se propone que ningún juez otorgue un amparo a una empresa que evidentemente cometió un fraude al erario, el cual es un recurso del pueblo.

En su intervención, Ernestina Godoy, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, resaltó que, con la armonización de leyes secundarias, se protege el orden público y el interés social. Además, se incorporan nuevas herramientas para modernizar la justicia; se ajustan recursos fiscales; y se homologan los delitos que ameritan prisión preventiva.

Leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial

• Código Nacional de Procedimientos Penales: Establece un plazo común de cinco días para actuaciones procesales. Se incluyen medidas necesarias de protección para preservar la seguridad y resguardar la identidad de personas juzgadoras. Se armoniza el catálogo de conductas de prisión en materia de prisión preventiva. En material meta se incluyen las notificaciones digitales y se establecen reglas para la detención en flagrancia.
• Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada: se incluye la remisión al Código Nacional de Procedimientos Penales para protección de la seguridad de personas juzgadoras.
• Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo: Fija un plazo máximo de seis meses para la resolución de los juicios en la vía sumaria. Se establecen plazos procesales comunes y especiales en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Así como los presupuestos de procedencia de suspensión conforme a lo que la Corte ha dictado de criterios.
• Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Establecen elementos, contenido y alcance para efectos de la procedencia del juicio de amparo conforme los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los plazos y términos para una justicia pronta. Incorpora en el desarrollo de un juicio de amparo verdaderamente digital, con plena validez legal, operatividad práctica. Señala que las personas juzgadoras digan con claridad quién debe cumplir una sentencia, establece reglas claras para la procedencia de la suspensión provisional y definitiva en materia de congelamiento de cuentas, permitirá a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) podrá requerir, obtener y diseminar información financiera para la prevención y detección
• Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
• Código Fiscal de la Federación

Ley de amparo

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, coordinador general de política y gobierno, explicó que, con estas reformas al Poder Judicial, particularmente a la Ley de Amparo, no se limita ni restringe ni dificulta el acceso a este recurso, sino que se trata de una actualización, modernización para que su uso sea más ágil y eficaz. Por lo que no representa un paso atrás en la defensa de los derechos de los mexicanos.

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“Ahora se trata de aclarar, se trata de subsanar, sin afectar las defensas de los particulares. Pero dándole una racionalidad a esta defensa para que no se vayan por años los juicios, cuando ya la Corte determinó que hay una persona física o moral que debe una cantidad específica por cuestión de impuestos”, añadió.