Francia
En un veredicto histórico que marca un antes y un después en la Quinta República francesa, un tribunal correccional de París condenó recientemente al expresidente, Nicolas Sarkozy, a cinco años de cárcel. Lo anterior por su participación en una asociación ilícita destinada a financiar su campaña presidencial de 2007 con fondos del régimen del dictador libio Muamar el Gadafi.
La sentencia, que se ejecutará de manera inmediata incluso si Sarkozy interpone un recurso de apelación, significa que el expresidente francés, de 70 años, será el primer jefe de Estado de aquel país, en la historia moderna, en cruzar las puertas de una prisión. El tribunal citó al exmandatario para el 13 de octubre, cuando se le informara sobre la fecha concreta de su ingreso en cárcel.
La presidenta del tribunal, Nathalie Gavarino, leyó durante más de tres horas y media un fallo de 400 páginas en el que se describía un “pacto de corrupción” orquestado entre 2005 y 2007. El tribunal consideró probado que Sarkozy, entonces ministro del Interior, permitió y consintió que sus colaboradores más cercanos actuaran para “obtener o intentar obtener apoyo financiero en Libia” para su campaña electoral.
No obstante, en un giro significativo, lo absolvieron de los cargos más específicos de corrupción pasiva, financiación ilegal de campaña y encubrimiento de malversación de fondos públicos. Ello al no demostrarse que los fondos libios llegaran efectivamente a sus arcas o que él se beneficiara personalmente de ellos.
El núcleo de la acusación sostenía que Sarkozy y sus allegados establecieron un “pacto fáustico” con el gobierno libio. Según la fiscalía, a cambio de una financiación estimada en 50 millones de euros, Sarkozy prometió favores una vez alcanzada la presidencia. Por ejemplo, favorecer la rehabilitación internacional de Gadafi o impulsar acuerdos económicos —incluyendo la venta de aviones de combate Rafale—. Incluso interceder para anular una orden de arresto internacional contra Abdullah Senoussi, cuñado de Gadafi y condenado por su papel en el atentado a un avión de UTA en 1989 que causó 170 muertos.
La investigación, que se extendió por más de una década, se vio empañada por giros dramáticos, incluida la muerte del testigo clave, el empresario franco-libanés Ziad Takieddine, apenas dos días antes del veredicto. Takieddine, declaró que entregó maletas con dinero libio y luego se retractó.
Esta es la tercera condena para Sarkozy desde que dejó el poder en 2012. Lo que consolida un irreversible declive judicial para quien fuera un líder conocido por su energía y firmeza.
El veredicto de este jueves no sólo conlleva pena de prisión; también una multa de 100 mil euros y la privación de sus derechos civiles y cívicos. Además, en junio pasado, lo despojaron de la Legión de Honor, la máxima distinción francesa, un acto simbólico que refleja la profundidad de su caída.
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La condena agitó el ya turbulento panorama político francés. El propio Sarkozy, visiblemente afectado pero desafiante, se dirigió a los medios frente al tribunal calificando la sentencia de “injusticia escandalosa”.
“Si insisten en que duerma en la prisión, dormiré en la prisión. Pero con la cabeza en alto”, declaró. “Los que tanto me odian piensan que me están humillando, pero a quienes han humillado es a Francia y a su imagen”, agregó.
Desde la derecha, las reacciones fueron de apoyo. Laurent Wauquiez, presidente del grupo LR en la Asamblea Nacional, expresó su “apoyo y reconocimiento al hombre de Estado que dio tanto por el país”. Por su parte, la líder de extrema derecha Marine Le Pen —también condenada recientemente— criticó el mecanismo de “ejecución provisional” de la sentencia, argumentando que viola la presunción de inocencia.
En la izquierda, la valoración fue muy diferente. Manuel Bompard, de La Francia Insumisa, aplaudió la decisión: “La exigencia de honestidad y respeto a la ley no es exclusiva del pueblo. Se aplica también al poder”. Sandra Cossart, directora del grupo anticorrupción Sherpa, que fue parte acusadora en el caso, calificó el fallo de “histórico”. Y expresó su esperanza de que “marque el fin de cierta forma de hacer política”.
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