Perú
En una dramática sesión nocturna que culmina meses de agitación política, el Congreso de Perú votó, de manera abrumadora, para destituir a la presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra, sumiendo al país andino en una nueva incertidumbre institucional. Y marcando el epílogo de un mandato debilitado por una impopularidad histórica y acusaciones de corrupción y represión.
La medida, aprobada de manera exprés con 123 votos a favor —una cifra que supera con creces el umbral requerido, de 52 votos—, se ejecutó luego de que la mandataria se abstuvo de presentarse a su propia audiencia de defensa. Su ausencia en el hemiciclo, programada para las 23:30 horas, se interpretó, por los legisladores, como un desaire final. Y allanó el camino para un rápido proceso que deja vacante el Palacio de Gobierno.
El juicio político constituye el capítulo más reciente en una prolongada crisis de gobernabilidad en Perú, una nación que vio desfilar a seis jefes de Estado desde 2018. Y donde tres expresidentes actualmente cumplen condenas en prisión. La presidencia de Boluarte, que duró dos años y diez meses, se mantuvo constantemente al borde del precipicio, sostenida únicamente por una frágil alianza de partidos conservadores y algunos aliados de izquierda. Quienes, en un giro político, terminaron avalando su salida.
La caída de Boluarte no se trató de un evento aislado; sino de la culminación de una tormenta perfecta. Las encuestas la situaban, de manera persistente, entre los líderes menos populares del mundo. Sus niveles de aprobación, desde el año pasado, se hundían en un abismal rango que va del dos al cuatro por ciento. Este descontento público se agravó por una serie de mociones de vacancia presentadas casi en simultáneo, las cuales delineaban un catálogo de cargos en su contra.
Una de las acusaciones centrales, y que mayor resonancia tuvo en la opinión pública, la señala por un presunto “enriquecimiento ilícito”. Ello vinculado al uso de una colección de relojes Rolex de lujo cuyo origen no pudo justificar plenamente. Dicho escándalo, bautizado en la prensa local como “Rolexgate”, erosionó irreversiblemente su credibilidad.
No obstante, la sombra más larga sobre su administración provino de las violentas protestas que estallaron tras la destitución y arresto de su predecesor, el izquierdista Pedro Castillo, a finales de 2022. Boluarte, quien asumió la presidencia como vicepresidenta de Castillo, fue acusada de “incapacidad moral permanente” por la muerte de decenas de peruanos en la represión estatal de aquellas movilizaciones, un episodio que dejó una profunda herida en el tejido social del país.
Más allá de los escándalos personales, el Congreso esgrimió argumentos socioeconómicos para justificar la vacancia. Una de las mociones sostuvo que el aumento descontrolado de la criminalidad y las extorsiones estaba generando “consecuencias económicas adversas” para la nación, ahuyentando la inversión privada y provocando una fuga de capitales.
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La destitución de Dina Boluarte cierra un ciclo político: el de una presidenta que llegó al poder por la caída de su aliado y que se mantuvo en éste gracias al mismo Congreso fragmentado que finalmente la depuso. Su partida deja un vacío de poder en un momento delicado, mientras el país se prepara para unas elecciones presidenciales y legislativas programadas para abril de 2026.
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