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En un movimiento que tensó severamente las relaciones bilaterales, el Gobierno de Perú anunció este la ruptura de relaciones diplomáticas con México. Una decisión que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó de “fuera de toda proporción”. Y afirmó que México está a la espera de recibir la notificación oficial por parte de Perú sobre dicha ruptura de relaciones diplomáticas.
La medida peruana llega como respuesta directa a la decisión de México de conceder asilo político a Betssy Chávez Chino, quien se desempeñó como primera ministra bajo el controvertido gobierno de Pedro Castillo. La exfuncionaria actualmente está resguardada al interior de la Embajada de México en Lima, desde donde solicitó protección y asilo político.
“Desde nuestra perspectiva está fuera de toda proporción, pero es una decisión que ellos toman”, declaró la presidenta Sheinbaum Pardo en su primer comentario público sobre la crisis, al tiempo que aclaró que los vínculos comerciales entre ambas naciones se mantendrán. La mandataria reafirmó la postura de su gobierno de defender a Castillo —el expresidente destituido y encarcelado en 2022— a quien describió como víctima de un “trato injusto y discriminatorio” por parte de la clase política peruana.
La ruptura marca la culminación de más de un año de fricciones diplomáticas, que se agravaron tras la destitución y arresto de Castillo.
Funcionarios mexicanos de alto rango salieron al paso para justificar la concesión del asilo a la exministra Chávez, argumentando un estricto apego a la tradición mexicana de asilo político y al derecho internacional. En una conferencia de prensa en la Secretaría de Relaciones Exteriores, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, explicó que la decisión se basó en la evaluación de que la Chávez Chino alegó ser víctima de “violaciones a derechos procesales y persecución política”.
Velasco Álvarez sostuvo que, de acuerdo con la Convención de Caracas sobre Asilo, es el Estado que otorga la protección quien tiene la facultad de determinar si existe una persecución política. Mientras que el artículo 11 de la Constitución de México establece que “toda persona tiene derecho de buscar y recibir asilo conforme a los tratados internacionales”. Además, citó la Resolución 1967 de la Asamblea General de la ONU, que estipula que conceder asilo “nunca será considerado un acto de enemistad”.
“Por eso rechazamos la decisión que toma el gobierno de Perú de romper relaciones diplomáticas con México; no así relaciones consulares”, afirmó Velasco, enfatizando que México actúa “de forma pacífica, con sentido humanitario”.
Por su parte, la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur Smeke, reafirmó el derecho soberano de México a conceder asilo. “Las leyes deben ser interpretadas y aplicadas de forma que otorguen la protección más amplia a la persona, y el derecho de presunción de inocencia”, declaró, subrayando el principio jurídico de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
El director general para América del Sur, Pablo Monroy Conesa, proporcionó contexto adicional, recordando que Betssy Chávez fue “la servidora pública de más jerarquía en el gabinete de Pedro Castillo”. Detalló que, en su evaluación, México encontró “elementos suficientes” para conceder dicho asilo, citando las alegaciones de la exministra sobre “diversas irregularidades” y “reiterados abusos” durante su tiempo en prisión.
Monroy aprovechó para contrastar la conducta de México con la de Perú, señalando que, a diferencia del gobierno peruano, México no ha declarado persona non grata a diplomáticos peruanos ni a sus líderes. “México mantuvo sus relaciones diplomáticas y consulares con Perú. Y esto, por el profundo amor y respeto que le tenemos al pueblo peruano”, afirmó Monroy Conesa.
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La crisis desatada por el asilo político subraya la profunda fractura ideológica que atraviesa América Latina. Mientras el gobierno de la presidenta Sheinbaum y su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, mantuvieron una postura de solidaridad con líderes izquierdistas en apuros, el gobierno de la presidenta Boluarte en Perú se alinea con una postura más conservadora y ha acusado repetidamente a México de injerencia en sus asuntos internos.
La ruptura diplomática, si bien no afecta inmediatamente los lazos consulares y comerciales, deja a dos de las principales naciones de la región con una capacidad de diálogo oficial severamente limitada, en un momento de creciente inestabilidad política en el continente.
