Jalisco
En una serie de procedimientos judiciales que reflejan una ofensiva concentrada contra la violencia infantil, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco vinculó a proceso a 19 individuos, presuntos agresores de menores. A ellos se les acusa de cometer diversos delitos contra niñas, niños y adolescentes, entre el 21 al 31 de octubre de este 2025.
Las imputaciones, formalizadas por un Juzgado de Control, incluyen cargos por abuso sexual infantil, violencia familiar, hostigamiento, abandono de familiares y, en un caso aislado, robo calificado con violencia a un menor. La vicefiscalía especializada en delitos contra mujeres, niñas, niños y adolescentes señaló que la solidez de las pruebas presentadas resultó determinante para que el juzgado avalara el procedimiento. Y, en la mayoría de los casos, decretara prisión preventiva para los acusados.
De acuerdo con el informe de las autoridades, una característica particularmente alarmante de estos casos es el perfil de los presuntos agresores. La investigación revela que, en su mayoría, se trataba de personas pertenecientes al entorno familiar inmediato de las víctimas. Es decir, padres, padrastros, tíos, o conocidos que gozaban de la confianza del círculo cercano.
“Los delitos por los que estas 19 personas fueron formalmente vinculadas a proceso son un espejo de la gravedad de los actos cometidos contra la integridad de los menores”. Señaló la fiscalía en un comunicado.
Los operativos para la aprehensión de los sospechosos variaron según las circunstancias de cada caso. De los 19 individuos vinculados, 13 fueron detenidos en cumplimiento de órdenes judiciales de arresto. Lo cual sugiere que las autoridades reunieron pruebas iniciales sustanciales. Tres se presentaron voluntariamente tras una citación, dos fueron arrestados en flagrancia —en el momento mismo de cometer el presunto delito—. Y a otro lo aprehendieron en el marco de la reposición de un procedimiento legal previo.
Tras la audiencia inicial y la decisión del juez de vincularlos a proceso, se impusieron medidas cautelares estrictas. A trece de los acusados se les decretó prisión preventiva oficiosa o justificada. Otros tres recibieron medidas cautelares diversas y, a un adolescente implicado, se le ordenó el internamiento preventivo en un centro de tratamiento especializado para menores.
En dos casos, los jueces otorgaron la suspensión condicional del proceso, un mecanismo legal que obliga a los imputados a cumplir con un plan de reparación del daño y someterse a terapia psicológica. Lo anterior bajo la condición de que se garantice en todo momento la seguridad de las víctimas y se cumplan los requisitos de ley.
Los hechos por los que fueron vinculados estos 19 individuos tuvieron lugar en varios municipios del área metropolitana de Guadalajara, incluyendo Zapopan, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y Zapotlanejo. Lo cual indica que la problemática no se limita a una sola localidad.
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La fiscalía estatal calificó estas acciones como una reafirmación de su compromiso con la procuración de justicia para las infancias y adolescencias de Jalisco. Ello en un contexto nacional donde la violencia contra menores a menudo queda en la impunidad.
