Estados Unidos
Fentanilo
Este lunes 15 de diciembre de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó drásticamente la guerra de su administración contra el fentanilo. Ello tras emitir una orden ejecutiva que reclasifica al opioide sintético letal como un “arma de destrucción masiva”. Se trata de una designación formal que equipara la crisis de sobredosis con una amenaza a la seguridad nacional de primer orden.
La medida, firmada durante una ceremonia en la Casa Blanca centrada en la seguridad fronteriza, desbloquea un arsenal de autoridades legales, financieras y militares típicamente reservadas para combatir el terrorismo y la proliferación de armas químicas. Señala una escalada agresiva y multifacética en la política de drogas de Estados Unidos, fusionando de manera sin precedentes el léxico de la guerra contra las drogas con el de la guerra contra el terror.
“Estamos clasificando formalmente el fentanilo como un arma de destrucción masiva”, declaró Trump, justificando la decisión con una sombría comparación. “Ninguna bomba hace lo que esto está haciendo; mueren entre 200 mil y 300 mil personas cada año, que sepamos”, subrayó.
La orden ejecutiva instruye a las agencias federales de Estados Unidos a desplegar estas nuevas herramientas con efecto inmediato. El Departamento de Justicia deberá priorizar cargos penales más severos y sentencias ampliadas para los traficantes. Simultáneamente, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado reciben luz verde para congelar activos e imponer sanciones a entidades financieras, laboratorios y redes de suministro de precursores químicos en cualquier parte del mundo, utilizando protocolos diseñados para desmantelar células terroristas.
Quizá el aspecto más significativo sea la expansión del rol del Departamento de Defensa. La orden le asigna la tarea de evaluar el despliegue de recursos y capacidades de seguridad nacional —incluyendo posiblemente inteligencia avanzada y logística— para apoyar al Departamento de Justicia en emergencias relacionadas con el fentanilo. Adicionalmente, ordena una revisión completa de los protocolos federales de respuesta a incidentes químicos para incluir los riesgos planteados por esta sustancia.
La justificación de la Casa Blanca se basa en una doble narrativa: la devastación doméstica y la amenaza externa. El fentanilo, señalado como la principal causa de muerte entre adultos jóvenes estadounidenses, se describe en el documento “como un flagelo de salud pública y como un instrumento de poder para carteles y grupos criminales transnacionales”. El texto argumenta que las ganancias de su tráfico financian “asesinatos, terrorismo e insurgencias”. Y advierte sobre su “potencial” para utilizarse en “ataques terroristas concentrados y a gran escala”.
Esta reclasificación se erige como el pilar central de una ofensiva más amplia anunciada en las primeras semanas del nuevo mandato. Previamente, la administración declaró una emergencia nacional en la frontera sur, designado a ocho organizaciones criminales —incluyendo el cartel de los Soles de Venezuela y la MS-13 como grupos terroristas extranjeros. Y promulgaron la ley HALT Fentanyl, que fijó permanentemente a este opioide y sus análogos en la Lista I de sustancias controladas.
La estrategia también tiene un claro componente de política exterior coercitiva. La Casa Blanca reiteró su posición de imponer aranceles a países como México, Canadá y China, a los que acusa de no hacer lo suficiente para interceptar el flujo de precursores químicos y drogas terminadas. En el ámbito operativo, Trump autorizó acciones militares para interrumpir rutas de narcotráfico marítimo, una política que ya generó tensiones diplomáticas.
Mientras firmaba la orden, el presidente también se refirió brevemente al conflicto en Ucrania, afirmando que las conversaciones recientes con líderes europeos y ucranianos han acercado un acuerdo de paz. “Estamos más cerca que nunca”, afirmó, aunque no ofreció detalles concretos.
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La designación del fentanilo como arma de destrucción masiva marca un punto de inflexión. Transforma la lucha contra una droga que mata a decenas de miles al año en una misión de seguridad nacional con todos los instrumentos del estado moderno. Redefiniendo así las reglas de juego en un conflicto que Washington, hasta ahora, no ha podido ganar.
