Crimen Organizado
FGR
En una operación ejecutada al amanecer de este miércoles 17 de diciembre en la Ciudad de México, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a María Vanessa Pedraza Madrid, excolaboradora cercana del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, quien cumple una condena de 38 años en una prisión de máxima seguridad de Estados Unidos.
La detención de Pedraza, realizada a pasadas las 5:00 horas en la colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez, marca un nuevo avance en la investigación de una de las redes de corrupción y lavado de dinero más grandes vinculadas al gobierno del expresidente Felipe Calderón. La FGR acusa a la detenida por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con las autoridades, Pedraza Madrid fungió como apoderada legal de la empresa Nunvav, Inc., una compañía registrada en Panamá que fue clave para fondear recursos provenientes del crimen organizado y para el desvío masivo de fondos públicos. El monto de los recursos desviados, de acuerdo con indagatorias de la Unidad de Inteligencia Financiera, asciende a cinco mil 112 millones de pesos (poco menos de 285 mil millones de dólares al tipo de cambio de hoy), provenientes de contratos del sistema penitenciario federal.
La investigación, a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), detalla un sofisticado mecanismo. La empresa Nunvav, Inc., de la cual Pedraza tenía poderes amplios de representación y acceso a cuentas bancarias, recibió entre 2015 y 2019 diez contratos por adjudicación directa del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación.
Dichos fondos públicos, según la FGR y la UIF, no se destinaron a servicios penitenciarios. En cambio, se transfirieron a cuentas en Barbados y Estados Unidos. Allí se utilizaron para la adquisición de bienes inmuebles y vehículos de lujo en Florida.
La designación de Pedraza como apoderada legal de Nunvav ocurrió en octubre de 2019, según documentó la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Es decir, siete años después de que ambos dejaron el gobierno y cuando García Luna ya enfrentaba acusaciones en Estados Unidos. Esto sugiere que Pedraza mantuvo un papel operativo clave en la estructura financiera del exsecretario, incluso después de su caída.
La trayectoria de María Vanessa Pedraza está estrechamente ligada a la de Genaro García Luna. Psicóloga de formación y coautora del libro Control de confianza: hacia una nueva cultura policial para México, cuyo prólogo estuvo a cargo del exsecretario, trabajó en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de 2001 a 2012.
Comenzó en la estructura del órgano de prisiones, luego asumió el seguimiento de “proyectos prioritarios”. Y, finalmente, entre 2008 y 2012, se convirtió en directora general adjunta en la Coordinación de Asesores del propio García Luna, puesto que la ubicaba en el núcleo de confianza del entonces poderoso funcionario.
Su detención se enmarca en una orden de aprehensión girada por un juez federal el 4 de abril de 2023, la cual buscaba la captura de 60 personas vinculadas al esquema. Entre los señalados en esa orden se encuentran la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyra, y sus hermanos, contra quienes la Interpol emitió fichas rojas de localización.
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La caída de Pedraza es otro eslabón en la larga cadena judicial que se desprendió del juicio y condena de Genaro García Luna en un tribunal federal de Brooklyn, Nueva York. En mayo de 2024, García Luna fue sentenciado a 38 años de prisión por cargos que incluyen una empresa criminal continua y conspiración para la distribución internacional de cocaína, por aceptar sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa a cambio de protección.
El gobierno de México litiga actualmente en cortes de Miami para intentar recuperar activos vinculados a este caso, los cuales superarían los 600 millones de dólares.
En un giro reciente, la UIF anunció en mayo de 2025 que alcanzó un acuerdo confidencial con la familia Weinberg, empresarios señalados como testaferros de García Luna y socios en Nunvav, para que actúen como testigos colaboradores a cambio de reparar el daño. Este acuerdo podría aumentar la presión sobre otros excolaboradores del exsecretario que aún están bajo investigación, como Luis Cárdenas Palomino y Ramón Eduardo Pequeño García.
Tras su detención, a Pedraza le leyeron sus derechos constitucionales y la trasladaron al Centro de Readaptación Social (CERESO) número 16, un penal federal femenil en Coatlán del Río, Morelos, para su certificación médica y puesta a disposición de un juez.
Los delitos que se le imputan están catalogados como de prisión preventiva oficiosa. Ello significa que permanecerá encarcelada desde el inicio del proceso hasta que se dicte una sentencia definitiva. El Ministerio Público Federal solicitará, en breve, una audiencia inicial para formularle la imputación formal.
