CDMX
Clara Brugada
desaparecidos
En medio de un creciente escrutinio internacional por la crisis de desapariciones forzadas en México, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, lanzó el martes un exhorto a no convertir el sufrimiento de miles de familias en una herramienta política. Las declaraciones de la jefa de Gobierno de la CDMX acompañaron un rechazo frontal al más reciente informe del Comité externo de Naciones Unidas sobre la cifra de desaparecidos, al que calificó como un documento tendencioso que ignora los avances logrados en los últimos años.
“Desde nuestro punto de vista, deja mucho que desear”, sostuvo Brugada durante su conferencia matutina en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. La mandataria subrayó que la búsqueda de personas desaparecidas constituye “una de las prioridades de su administración”. Y aseguró que el trabajo de coordinación se realiza a diario, no sólo en los discursos.
Brugada Molina defendió la creación inmediata del Gabinete de Búsqueda y Atención a Víctimas en la Ciudad de México. Un mecanismo que, dijo, permitió avances tangibles, entre ellos la puesta en marcha de un Centro Integral de Atención y una hoja de ruta basada en 20 compromisos específicos. De acuerdo con cifras oficiales presentadas por la jefa de gobierno, durante 2025 se logró localizar a más del 83 por ciento de los desaparecidos en la CDMX.
“Vamos a continuar de la mano de las familias, de los colectivos”, enfatizó Brugada, quien reiteró la meta de que “todas las personas desaparecidas regresen a casa”.
No obstante, el tono de la conferencia se tornó crítico cuando la mandataria se refirió al dictamen elaborado por expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Brugada sostuvo que el informe omite deliberadamente las contribuciones del gobierno federal. Entre éstas, la creación de marcos legales y mecanismos de transparencia que, a partir de 2022, convirtieron a México en uno de los primeros países de América en permitir revisiones sistemáticas por parte del Comité.
“Pareciera que no tienen una rigurosidad técnica estos análisis. Nos preocupa y nos extraña mucho que lo lleven a cabo”, declaró la jefa de Gobierno, insistiendo en el llamado a despolitizar un asunto que, aseveró, debería mantenerse por encima de las diferencias partidistas.
El titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, Luis Gómez Negrete, acompañó a Brugada en el estrado y ofreció datos adicionales para respaldar la postura gubernamental. Gómez Negrete aseguró que el compromiso con las víctimas surgió de un proceso de diálogo directo con sus familias; lo cual derivó en una agenda de 20 puntos cuyo cumplimiento supera ya el 70 por ciento.
Entre los logros más significativos, resaltó la creación del Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, una herramienta que atribuyó directamente al alto porcentaje de localizaciones alcanzado este año. Además, anunció la puesta en marcha de un plan de recuperaciones controladas de cuerpos en el Panteón Civil de Dolores, una demanda que, admitió, ha sido una exigencia recurrente y no resuelta por décadas.
“Estamos demostrando que no hay una limitación de esfuerzos, de coordinación ni de recursos”, afirmó Gómez Negrete, quien reveló que, en 2025, se desplegaron más de 10 mil elementos en acciones de búsqueda y se han explorado más de 16 kilómetros cuadrados dentro de la propia ciudad.
El funcionario concluyó con una frase que resumió tanto la aspiración como la presión del momento: “Llevamos 83 por ciento del 2025, nos faltan y vamos por el 100 por ciento para encontrarlos”.
El pronunciamiento de Brugada se suma a una serie de tensiones entre el gobierno mexicano y los organismos internacionales de derechos humanos. Mientras las autoridades locales destacan cifras de localización que califican de históricas, los informes externos suelen subrayar la persistencia de fosas clandestinas, falta de identificación forense y lentitud estructural en las investigaciones.
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El rechazo al informe de la ONU por parte de Brugada refleja también una estrategia más amplia: defender la soberanía en la evaluación de la crisis sin dejar de reconocer, retóricamente al menos, la urgencia de atender a las víctimas.
