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Ante rumores recientes sobre un posible aumento en el precio de la tortilla, uno de los pilares de la alimentación en México, el gobierno federal salió al paso este martes para descartar cualquier justificación económica que respalde un incremento. En un comunicado conjunto, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aseguraron que ni el maíz en grano ni la harina de maíz registraron alzas que pudieran trasladarse al producto final.
Las autoridades lanzaron un llamado enérgico a los actores de la cadena de suministro para que se abstengan de aplicar aumentos injustificados. Y subrayaron que un incremento injustificado en el precio de la tortilla sería en perjuicio de la población. Ello al considerar que se trata de uno de los alimentos fundamentales en la dieta nacional.
El mensaje oficial busca contener la incertidumbre en un contexto donde la inflación alimentaria sigue siendo una preocupación latente. Para respaldar su postura, el gobierno recordó que la mayor parte de las asociaciones nacionales de la industria de la masa y la tortilla, junto con las principales empresas harineras, se mantienen dentro del denominado Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla. Dicho pacto, vigente desde hace varios meses, incluye compromisos explícitos para preservar la estabilidad en el precio del maíz y tortilla, incluso reducirlos de manera gradual, en función de las condiciones del mercado.
Entre los firmantes destacan la Cámara Nacional del Maíz Industrializado (Canami) y la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla (Unimt). Quienes ratificaron este su intención de mantener una producción y distribución eficientes como pilar para evitar sobresaltos en los precios al consumidor.
El acuerdo gubernamental no se limita a una declaración de principios. Según detalló Agricultura, se trata de una estrategia integral que beneficia a campesinos, harineros, dueños de tortillerías y consumidores. Ello mediante el acceso a maíz y harina a precios de descuento. Así como líneas de financiamiento con tasas de interés preferentes para disminuir costos y ofrecer el producto al mejor precio a las familias.
Además, el programa social Jóvenes Construyendo el Futuro vincula a tortilleros con aprendices interesados en formarse en el oficio. Una medida que busca profesionalizar el sector y garantizar su sostenibilidad a largo plazo.
En paralelo, la Profeco intensificó su labor de vigilancia. A través del programa Quién es Quién en los Precios, la dependencia monitorea los costos en 603 tortillerías distribuidas en todo el territorio nacional. Durante las inspecciones, los verificadores también exhortan a los proveedores a calibrar sus instrumentos de medición para asegurar que los consumidores reciban el peso exacto por cada kilogramo adquirido.
La procuraduría, además, coteja periódicamente el padrón de tortillerías afiliadas a las cámaras firmantes —información que le remite la Secretaría de Economía— para evaluar el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos. Los resultados de este seguimiento se publican mensualmente.
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El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, según se desprende del comunicado, dio instrucciones para seguir ordenando la cadena de producción y comercialización del maíz, con especial énfasis en fortalecer el ingreso de los productores mediante esquemas de comercialización directa.
“AGRICULTURA refrenda su compromiso de continuar trabajando con los distintos eslabones de la cadena maíz-tortilla para garantizar el abasto y precios justo. Ello con el objetivo de fortalecer la soberanía alimentaria y bienestar del pueblo de México”, subrayaron.
