FGR
Guardia Nacional
Sonora
Autoridades mexicanas asestan un fuerte golpe al tráfico ilegal de armas en la frontera norte. El pasado fin de semana, elementos de la Guardia Nacional y personal de Aduanas, decomisaron un total de 55 mil 179 cartuchos útiles de diversos calibres y 93 cargadores. Ello en dos puntos de revisión del Recinto Fiscal Puerto Fronterizo Nogales III y la garita Mariposa, en Nogales, Sonora. Los cargamentos iban ocultos en tractocamiones cuyos conductores, identificados como Manuel “N”, Alexis “N” y Ciro “N”, quedaron detenidos y vinculados a proceso.
De acuerdo con el desglose oficial, a Alexis “N” le aseguraron 20 mil cartuchos; a Manuel “N”, 23 mil 680 proyectiles y 93 cargadores; y a Ciro “N”, 11 mil 499 municiones de distintos calibres. La Fiscalía General de la República (FGR) calificó los hechos como probable introducción ilícita al territorio nacional de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, un delito contemplado en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
El aseguramiento ocurre en un momento crítico para la estrategia de seguridad del Gobierno de México, que, desde 2019, prioriza el combate al tráfico de armas como uno de los ejes para desactivar la violencia generada por los cárteles. De acuerdo con el titular de la Secretaría de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, casi el 80 por ciento de las armas decomisadas en territorio mexicano provienen de Estados Unidos.
Tras la detención, el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sonora, presentó ante un juez de control los elementos de prueba reunidos durante el operativo. El juez determinó dictar auto de vinculación a proceso contra los tres imputados, medida que implica que existen indicios suficientes para sostener su probable participación en el ilícito.
Como medida cautelar, se impuso prisión preventiva oficiosa. El juez otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la defensa podrá impugnar las pruebas y solicitar la modificación de las medidas cautelares.
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Cabe subrayar que, de acuerdo con el principio constitucional de presunción de inocencia, los tres detenidos son considerados inocentes mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente. La FGR deberá consolidar su teoría del caso y demostrar, más allá de toda duda razonable, que los acusados tenían pleno conocimiento de la naturaleza ilícita de la carga que transportaban.