Omar García Harfuch
SEMAR
Sinaloa
SSPC
Lo que comenzó como una misión de prevención civil terminó en una emboscada con saldo fatal. Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) que realizaban labores de sondeo en ríos y presas de la comunidad de San Marcos, en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, fueron atacados con artefactos explosivos improvisados de parte de presuntos integrantes del crimen organizado.
El ataque, perpetrado mientras los marinos cumplían con su cometido de monitorear posibles crecidas de agua durante la temporada de lluvias para alertar a la población civil, dejó como saldo cuatro elementos navales heridos. Uno de ellos, cuya identidad no se reveló, perdió la vida mientras recibía atención médica a causa de la gravedad de las lesiones. De los tres restantes, dos están fuera de peligro, mientras que uno permanece hospitalizado en estado grave.
La respuesta del Gabinete de Seguridad no se hizo esperar. En coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Semar desplegó un operativo de refuerzo en la región que derivó en un segundo enfrentamiento, esta vez en el municipio de El Rosario. Durante el enfrentamiento, las fuerzas federales repelieron una nueva agresión y abatieron a diez presuntos atacantes.
Adicional a las bajas mortales, las autoridades capturaron a tres hombres, presuntos integrantes de la célula criminal responsable de la agresión inicial. Los detenidos están identificados como Yhair Ávila Reyes, de 36 años; José Luis Urban Gómez, de 29, ambos originarios del Estado de México; y Stiven Alberto Camacho, de 25 años, de nacionalidad colombiana. De acuerdo con los reportes de inteligencia, los tres sujetos están vinculados a la facción de Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa que mantiene una cruenta disputa territorial por el control del sur de la entidad.
A los detenidos les aseguraron un arsenal que incluía armas de fuego, municiones y equipo táctico. El cual quedó a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.
Si bien el comunicado oficial del Gabinete de Seguridad encuadró el operativo como una respuesta a la agresión sufrida, diversos medios señalan que el despliegue en El Rosario tenía un objetivo de mayor: la captura de Óscar Luciano Martínez Larios, alias “El Casco” o “El 81”, presunto jefe de plaza de Los Chapitos en la región.
A dicho sujeto lo señalan como el último de los hermanos Martínez Larios que permanece prófugo. “El Casco” heredó el control territorial de los municipios de Concordia y El Rosario tras la muerte de su hermano “El Monstruo” y la reciente detención de Gabriel Nicolás Martínez Larios, alias “El Gabito” o “El 80”, ocurrida el pasado 1 de junio en Mazatlán. La movilización, que involucró convoyes terrestres y sobrevuelos de helicópteros en zonas serranas como Agua Verde y Chametla, presumiblemente buscaba desarticular su estructura operativa.
Los hechos de violencia ocurridos durante el fin de semana son un reflejo más de la fractura profunda que vive el Cártel de Sinaloa desde septiembre de 2024. La guerra interna entre la facción de Los Chapitos —liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán— y el grupo afín a Ismael “El Mayo” Zambada ya dejaron una estela de cientos de homicidios, desplazamientos forzados y una crisis humanitaria en la entidad.
El conflicto, que estalló tras la controvertida captura y entrega de “El Mayo” a las autoridades estadounidenses en julio de 2024, convirtió a municipios como Mazatlán, Rosario y Concordia en escenarios de constante confrontación. El operativo del fin de semana no sólo evidencia la capacidad de respuesta del Estado, sino que también la persistente capacidad de fuego de los grupos criminales, que no dudan en emplear artefactos explosivos improvisados contra personal castrense.
En su conferencia matutina de este lunes, la presidenta, Claudia Sheinbaum, confirmó los hechos y ofreció las condolencias del gobierno federal a la familia del elemento naval caído. La Semar, por su parte, emitió un comunicado expresando su solidaridad con los deudos y reconociendo “el valor y compromiso” del fallecido en el cumplimiento de su deber.
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El Gabinete de Seguridad refrendó su compromiso de continuar con las operaciones en Sinaloa “en estricto apego al marco jurídico vigente” para contribuir al mantenimiento del Estado de derecho.
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