Criptomonedas
Puebla
En un operativo coordinado que subraya la creciente intersección entre la tecnología financiera descentralizada y el crimen organizado, las Fuerzas de Seguridad incautaron una instalación en el municipio de Tlaola, Puebla, donde, presuntamente, almacenaban y operaban equipos especializado en la minería de criptomonedas. La acción, ejecutada a finales de la semana pasada, representa uno de los decomisos de infraestructura digital más significativos desde que el gobierno intensificó la vigilancia de los activos virtuales en 2022.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la policía estatal, allanaron una propiedad que, de acuerdo con las indagatorias, funcionaba como un centro de datos no autorizado. Dentro del inmueble, los agentes hallaron un entramado energético e informático diseñado para sostener operaciones de alto consumo: un transformador de pedestal, alrededor de 80 terminales de media tensión, ocho antenas de internet satelital y aproximadamente 300 unidades de procesamiento gráfico (GPU) en pleno funcionamiento.
“Las autoridades analizan si los activos virtuales generados mediante esta infraestructura se utilizaban para dar apariencia de legalidad a recursos relacionados con actividades ilícitas”. Se lee en un comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad de Puebla.
Este tipo de granjas de “minado” digital de criptomonedas, que requieren electricidad constante y costosa, proliferan en regiones con tarifas subsidiadas o con baja supervisión regulatoria. De acuerdo con datos del Blockchain Intelligence Group, México ocupa el quinto lugar en América Latina en volumen estimado de minería no regulada, aunque la cifra real es difícil de cuantificar debido a la naturaleza anónima de las transacciones con criptomonedas.
Las autoridades no revelaron la criptomoneda específica que se extraía; pero el análisis se centra en rastrear si los activos digitales generados se utilizaron para blanquear ganancias del crimen organizado.
El inmueble y todos los activos asegurados quedaron bajo custodia de las autoridades competentes. Mientras tanto, la FGR realiza peritajes informáticos para determinar la trazabilidad de los fondos generados. Hasta el momento, no se reportaron detenciones, aunque las indagatorias continúan abiertas.
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La Secretaría de Seguridad reiteró que, con este tipo de acciones, los tres órdenes de Gobierno refrendan el compromiso de trabajar de manera coordinada para combatir las estructuras financieras de los grupos delictivos, mediante labores de inteligencia e investigación.
