Farías Laguna
FGR
Huachicol fiscal
Lo que inició como una denuncia interna entre altos mandos del gobierno mexicano, se convirtió, de acuerdo con las autoridades, en uno de los esquemas de contrabando de hidrocarburos (huachicol fiscal) más descarnados y sistémicos de la última década. En el centro de la trama, dos operadores identificados como Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, a quienes la investigación se refiere como “Los Primos”, presuntamente construyeron una red que no sólo movía millones de litros de diésel ilegal, sino que también lograron infiltrar los mecanismos de designación de personal en la Secretaría de Marina (Semar) y en el sistema de aduanas de México.
La fiscal general, Ernestina Godoy, reveló los avances de una investigación que tiene su origen en 2024, cuando el entonces almirante Rafael Ojeda Durán, titular de Semar, puso en conocimiento del entonces fiscal, Alejandro Gertz Manero, elementos sobre posibles vínculos entre integrantes de la institución naval y actividades ilícitas. Dicha advertencia, según la propia Godoy, fue el detonante para aplicar un nuevo modelo de investigación que culminó, en un primer golpe, con el aseguramiento de diez millones de litros de diésel a bordo de un buque fondeado en el puerto de Altamira, Tamaulipas.
“Detrás de la operación ilegal de ese buque no había un contrabandista en solitario, sino una compleja red criminal, en la que Manuel Roberto ‘N’ y Fernando ‘N’ destacaban, para asegurar capacidad de importación, traslado, almacenamiento y distribución del hidrocarburo ingresado de manera ilegal”, declaró Godoy Ramos.
Tras un cateo a una bodega ubicada en CDMX y arrendada por Manuel Roberto Farías Laguna, hallaron objetos de lujo, listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval y altos mandos de la institución. Así como documentación de seguridad nacional clasificada como reservada/confidencial y armas sin el debido registro.
Lejos de ser un caso aislado, el hallazgo destapó una operación logística de escala industrial. De acuerdo con datos de la investigación, que están bajo valoración del Poder Judicial, los buques zarpaban principalmente desde puertos de Texas, en Estados Unidos, con cargamentos que ingresaban a México bajo declaraciones falsas, etiquetando el combustible como aceites o aditivos para modificar su tratamiento fiscal y eludir aranceles. Situación que se repitió en copiosas ocasiones.
“Servidores públicos y agentes aduanales coludidos recibían pagos por cada embarque que se dejaba pasar. Las inspecciones, cuando llegaban a realizarse, eran una simulación. La red criminal garantizaba muestreos superficiales, la aprobación de volúmenes manipulados o maniobras para que el hidrocarburo fuera liberado de la aduana sin revisión. También se establecían calendarios de arribo en la cadena de complicidades, a efecto de desactivar cámaras para imposibilitar el registro de descargas”, señaló.
Una vez en tierra, el combustible se distribuía a través de tres empresas legalmente constituidas. Pero una red de empresas fachada y triangulaciones financieras eran las responsables de darle apariencia legítima a los ingresos de la venta.
“Buques cargados, registros manipulados, personal aduanal cómplice, revisiones simuladas y lavado de dinero, eran el ciclo de este negocio ilegal, en el que presuntamente participaron Manuel Roberto ‘N’, Fernando ‘N’ y sus cómplices”, detalló Godoy.
La red no sólo operaba en Tamaulipas. Las investigaciones rastrearon actividades de la misma organización en Baja California, Colima, Sonora y la CDMX. Ello sugiere una cobertura logística en ambos litorales y en el centro del país.
La titular de la FGR agregó que, como parte de la investigación, dieron seguimiento a accionistas, apoderados legales y enlaces que participaron en las distintas etapas de dicha cadena ilegal, en la que, aseguró, “existe evidencia de participación de Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna”.
Asimismo, deslindó a la Semar de la conducta de sus presuntos miembros infiltrados. “Una institución no se corrompe porque algunos de sus integrantes traicionen la responsabilidad y la confianza depositada en ellos”, subrayó. Y destacó que el actual secretario de Marina, almirante Raymundo Morales Ángeles, dio seguimiento puntual a las indagatorias.
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“La responsabilidad es individual y todo acto ilegal será sancionado. Quien usó un uniforme, un cargo público o una aduana para servir al crimen, responderá ante la justicia”. Subrayó al mismo tiempo que reiteró que la FGR “seguirá investigando e informando al pueblo de México”.
