FGR
Julio César Chávez Jr.
Julio César Chávez Jr., el hijo de la leyenda mexicana del boxeo y excampeón mundial del mismo deporte, salió de una prisión federal de Hermosillo, Sonora. Lo anterior luego de un juez le otorgó la libertad condicional al considerar que Chávez podía esperar el juicio fuera de la custodia a pesar de las graves acusaciones de colaborar con el Cártel de Sinaloa para traficar armas.
La decisión, emitida el sábado por la noche por el juez federal Enrique Hernández Miranda, tras una audiencia virtual retrasada, marca una nueva fase en un caso que atrajo la atención de México y Estados Unidos, no sólo por sus implicaciones sobre el alcance del crimen organizado en el deporte, sino que también por tratarse de una prueba de la cooperación judicial bilateral.
A Julio César Chávez Jr., de 39 años, lo deportaron de Estados Unidos el pasado 19 de agosto después su arresto el 2 de julio por parte de agentes de Immigration and Customs Enforcement (ICE) en Los Ángeles. Previamente, Chávez Jr. tuvo una pelea de box contra el influencer Jake Paul.
Las autoridades estadounidenses actuaron con base en una orden de arresto emitida en México desde 2023. En ésta, se le acusa de delincuencia organizada y tráfico de armas; cargos que alegan que facilitó la importación clandestina de armas de fuego a México, aprovechando en ocasiones su estatus de boxeador para operar bajo el radar.
Los cargos en su contra forman parte de una investigación más amplia iniciada en 2019 por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre las operaciones del Cártel de Sinaloa, incluido el contrabando de armas, el narcotráfico y el tráfico de personas. La investigación se centró inicialmente en 13 personas, entre ellas Ovidio Guzmán López, un hijo del encarcelado capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien fue extraditado a Estados Unidos en 2023.
De acuerdo con la FGR, comunicaciones interceptadas entre miembros del cártel lo colocaron presuntamente en contacto cercano con “Los Chapitos”, una facción liderada por los hijos de El Chapo. Más inquietantemente, los investigadores lo acusaron de actuar como un ajustador de cuentas para el grupo, presuntamente llevando a cabo actos violentos bajo las órdenes de Néstor Isidro Pérez Salas, conocido como “El Nini”, jefe de seguridad del cártel. Un expediente afirmó que el boxeador trataba a sus víctimas “como si fueran sacos de boxeo”.
Durante la audiencia del sábado, Chávez Jr. se defendió ante el tribunal. “Soy de Culiacán, soy boxeador desde hace 22 años; desde chiquito se dicen chismes de mí. Y esto es más de lo mismo”, declaró ante los medios de comunicación.
El equipo legal de Chávez Jr., liderado por el abogado Rubén Fernando Benítez, desestimó las acusaciones como “especulaciones” y “leyendas urbanas”. Así como también argumentaron que la evidencia no era más que “anécdotas de camaradería”. El juez encontró elementos suficientes para abrir proceso penal; pero consideró que la prisión preventiva era innecesaria, imponiendo condiciones que incluyen la entrega de su pasaporte, presentaciones periódicas ante la corte y la prohibición de salir de México.
Los vínculos de Chávez Jr. con los altos mandos del cártel no se basan únicamente en una presunta actividad criminal. Su vida personal también estuvo bajo escrutinio. Está casado con Frida Muñoz, viuda de Édgar Guzmán López, hijo del “Chapo” asesinado en un enfrentamiento en 2008. La pareja tiene dos hijos en común, lo cual convierte a Chávez Jr. en padrastro de una nieta del notorio capo. Esta conexión ha figurado prominentemente en la investigación de la FGR.
Sus problemas legales se extienden más allá de México. En Estados Unidos tiene historial de arrestos, incluyendo una condena por conducir bajo la influencia del alcohol en 2012 y un arresto en enero de 2024 por posesión ilegal de rifles “fantasma” estilo AR. Las autoridades migratorias estadounidenses también lo acusaron de sobrepasar su visa de turista y hacer declaraciones fraudulentas en su solicitud de residencia permanente, que buscaba obtener a través de su matrimonio con Muñoz, ciudadana estadounidense.
El embajador estadounidense en México, Ron Johnson, elogió públicamente la deportación como una muestra de una “fuerte cooperación” entre ambos gobiernos (México y Estados Unidos). Sin embargo, el momento de su arresto en Estados Unidos —justo después de su pelea con Jake Paul— generó interrogantes. El Departamento de Seguridad Nacional lo identificó como una “amenaza a la seguridad pública” desde diciembre de 2024; no obstante, se le permitió ingresar a Estados Unidos en enero de 2025.
De acuerdo con los términos de su libertad condicional, Chávez Jr. podría residir en cualquier lugar de México. Pero no puede salir del país sin permiso judicial, incluso para peleas de boxeo.
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La siguiente audiencia para el excampeón de boxeo está programada para el 24 de noviembre. Con ello, la FGR cuenta con tres meses para reunir evidencia adicional. De ser declarado culpable, Chávez Jr. podría enfrentar una sentencia significativa de prisión. Por ahora, el futuro del boxeador pende de un hilo, un símbolo de las líneas borrosas entre la fama, el crimen y la justicia en una nación que lucha contra la influencia penetrante de los cárteles de la droga.
