Cultura
Este miércoles 23 de agosto de 2023, para cumplir la instrucción de AMLO de «proteger, preservar y salvaguardar lugares y sitios sagrados, así como rutas de peregrinación de pueblos indígenas», se instaló en la Secretaría de Gobernación (Segob) una comisión presidencial, con carácter permanente que se encargará de coordinar las tareas en la materia. Entre éstas, el decreto señala que sus territorios «no podrán ser objeto de nuevas concesiones o permisos relacionados con la minería u otras industrias que los afecten o deterioren».
Mediante un comunicado, el Gobierno de México indicó que, desde el 9 de agosto, el Ejecutivo firmó un decreto para reconocer, proteger, preservar y salvaguardar los «lugares y sitios sagrados y las rutas de peregrinación de los pueblos indígenas wixárika, náayeri, o’dam o au’dam y mexikan». Lo anterior marca un precedente en la historia del país, al reconocer el derecho a usar sus tierras para «realizar rituales y ceremonias tradicionales». Así como también para «poner alto a las agresiones e invasiones de externos».
La titular de la Segob, Luisa María Alcalde, encabezó la instalación de la comisión presidencial que cumple la demanda histórica de lo pueblos indígenas y reafirma la convicción de este gobierno. También estuvieron presentes Alejandra Frausto (Secretaría de Cultura); María Luisa Albores (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales); Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI); y Josefina Bravo, titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM).
Luisa María Alcalde, como presidenta de la comisión, aseveró que lo que se está haciendo no se trata únicamente de «resarcir los daños del pasado». Sino de construir una nueva relación entre el Estado, los pueblos y la naturaleza.
«Estamos construyendo una nueva modernidad y un modelo de vida para las próximas generaciones». Dijo.
Luisa Alcalde resaltó que el decreto hace un llamado a las autoridades para respetar y promover acciones para proteger el patrimonio cultural y natural. Y enuncia que, estos territorios «no serán objeto de nuevas concesiones o permisos relacionados con la minería, con las industrias que afecten el equilibrio ecológico. Y que, tanto empresas nacionales como extranjeras, muchas veces vinieron a destruir».
«Así que hoy es un momento importantísimo y hoy nuestra tarea será cumplir y hacer cumplir este decreto que no expresa más que la voluntad milenaria de los pueblos y el anhelo de justicia». Agregó.
Asimismo, destacó que, entre los compromisos prioritarios de AMLO, está atender los derechos de los pueblos indígenas. Por lo que, a través de diferentes acciones a lo largo de estos cinco años, el Gobierno de México avanza:
«Esta acción marca un hito fundamental en la relación entre el gobierno, seres humanos y naturaleza, porque no hay aspecto de mayor disputa política, simbólica, espiritual, que el propio territorio». Indicó.
Por su parte, Adelfo Regino Montes, titular del INPI y secretario técnico de la comisión, dijo que es la primera ocasión en que se establece la obligación de todas las autoridades de promover las acciones necesarias para proteger el patrimonio cultural y natural. Así como el medio ambiente de los lugares sagrados.
«Los lugares sagrados y rutas de peregrinación no serán sujetos de concesiones o permisos relacionados con la minería. Esto lo establece la reciente reforma a la Ley Minera aprobada por el Congreso de la Unión. Y fue una iniciativa enviada por el presidente de México. Y establece la misma obligación para todas las industrias que pudieran afectar o deteriorar estos sitios sagrados». Subrayó.
Los cinco lugares sagrados son:
Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultura, como integrante de la comisión, señaló que el gobierno de AMLO no ha dudado en reconocer lo que somos como país. Y en fortalecer todo aquello que, por racismo, clasismo, individualismo, capitalismo desenfrenado, por creer que lo más importante es el bien de unos pocos, es el negocio de unos cuantos; sobre el bien común eso había que cambiarlo de raíz».
«Con este decreto histórico se podrán preservar las lenguas con todas sus variantes, la medicina tradicional, cultura alimentaria, arte y música». Indicó.
Luisa Albores, titular de la Semarnat, dijo que en este sexenio se han hecho decretos y realizado acciones legales en beneficio de los pueblos indígenas. Por ejemplo, el que prohíbe la siembra del maíz transgénico y el uso del glifosato. Ya que se trata de una planta sagrada que permite tener una conexión cultural directamente con la madre tierra.
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Asimismo, se refirió al impulso de las reformas a la Ley Minera. Éstas establecen que no se permite minería a cielo abierto en áreas naturales protegidas. Ni en fondos marinos. Agregó que, por instrucción del Ejecutivo federal, en esta administración «no se han entregado concesiones para hacer minería a cielo abierto». Y que la Semarnat cuida que no se lleven a cabo estas prácticas fuera de la normatividad».
Virginia Flores Flores, representante del pueblo o’dam, reconoció el apoyo del presidente y su equipo de trabajo, con el cual los pueblos indígenas se sienten «respaldados y visibilizados». Y remarcó que, con este decreto, se da un paso sin precedente por la certeza jurídica a las generaciones actuales y futuras.
Rafael Torres, representante del pueblo wixárika, indicó que los lugares sagrados «son la esencia de la vida, sabiduría y legado de los ancestros». Mismas que se siguen conservando a través de ceremonias, ofrendas y peregrinaciones. Agregó que, para su pueblo, la firma del decreto «es un hecho histórico porque se reconoce legalmente a los lugares sagrados».
Eleuteria Campos, representante del pueblo mexikan, señaló que ningún presidente había firmado un decreto para preservar los lugares y sitios sagrados. Y dijo que corresponde a las madres y los padres de familia de los pueblos indígenas inculcar a las nuevas generaciones las tradiciones y costumbres.
Finalmente, Feliciano Díaz, representante del pueblo náayeri, pidió a los tres órdenes de gobierno «cumplir con el decreto que nació como un plan de justicia. Y reconoció el trabajo de las autoridades por cumplir su deber para respetar y garantizar la cultura y creencias».
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