Ley de Ingresos
La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados dio luz verde al ambicioso paquete de reformas fiscales (Ley de Ingresos) 2026. Entre éstas se incluye una serie de nuevos impuestos diseñados para aumentar los ingresos públicos y desincentivar el consumo de productos considerados nocivos para la salud. La iniciativa, respaldada por el gobierno federal, pretende gravar “con fuerza” las bebidas azucaradas, los cigarrillos e introduce un novedoso impuesto, del 8 por ciento, a los videojuegos con contenido “violento”.
La aprobación representa un paso crucial para la estrategia fiscal del gobierno federal. El cual proyecta una recaudación total de 8.7 billones de pesos para el 2026. Los dictámenes aprobados allanan el camino para la modificación de cuatro pilares de la legislación tributaria mexicana: la Ley de Ingresos de la Federación, el Código Fiscal, la Ley Federal de Derechos y, de manera más significativa, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
El resultado de la votación reflejó un claro respaldo mayoritario, con márgenes de 30 a favor y 12 en contra para la mayoría de las leyes, y de 31 a 11 para la reforma al IEPS, sentando las bases para un intenso debate en el pleno de la Cámara Baja, previsto para antes del 20 de octubre.
El núcleo de la reforma fiscal reside en una expansión agresiva del IEPS, un impuesto que tradicionalmente recae sobre el alcohol y el tabaco. Las modificaciones representan un cambio sustancial en la política fiscal, alineándola de manera más directa con objetivos de salud pública.
Uno de los incrementos más destacados es el que afecta a las bebidas azucaradas. La cuota específica por litro prácticamente se duplicará, pasando de 1.64 pesos en 2025 a 3.08 pesos en 2026. La Secretaría de Hacienda justificó esta medida, argumentando los elevados costos que las enfermedades relacionadas con el consumo de refrescos, como la diabetes y la obesidad, generan para el sistema nacional de salud.
En un movimiento inesperado, los legisladores ampliaron la base gravable para incluir a los sueros orales (sí, como el Electrolit) que se comercializan en tiendas de conveniencia, especialmente aquellos que no exhiben sellos de advertencia sobre su contenido de azúcar. Carol Altamirano, presidenta de la Comisión de Hacienda, aclaró que solo estarán exentos los sueros que cumplan estrictamente con la formulación de la Organización Mundial de la Salud, conteniendo exclusivamente glucosa anhidra, cloruro de sodio, cloruro de potasio y citrato trisódico.
“Con esta medida, no solo buscamos desincentivar el consumo de productos con alto contenido calórico, sino que también proteger a los consumidores de fórmulas que pueden resultar engañosas”, explicó Altamirano durante la sesión.
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La Ley de Ingresos 2026 también contempla un golpe fiscal al tabaquismo. La tasa del impuesto a los cigarrillos se elevará del 160 al 200 por ciento. Lo que se traducirá en una cuota de 0.85 pesos por unidad en 2026. El plan establece incrementos progresivos que llevarían el costo por cigarrillo a superar un peso para el año 2030. Otros productos de tabaco, como puros labrados a mano, verán su tasa aumentar del 30.4 al 32 por ciento.
No obstante, la medida que generó más debate por su novedad es la imposición de una cuota del 8 por ciento a los videojuegos con contenido violento. La legislación no sólo gravará la venta directa de estos títulos, sino que también a las plataformas digitales que faciliten su acceso o descarga. Sus defensores lo presentan como una herramienta para proteger a los menores de edad, mientras que críticos de la industria tecnológica lo tildaron de ambiguo y difícil de aplicar, cuestionando la definición misma de “contenido violento”.
El avance de este paquete económico marca la dirección que el gobierno mexicano pretende tomar en materia fiscal: una combinación de estímulos a los ingresos públicos y el uso de la política tributaria como un instrumento para influir en el comportamiento de los consumidores. Su destino final se decidirá en las próximas semanas, cuando el pleno de la Cámara de Diputados emita su veredicto.
CDMX