Los alumnos de la escuela primaria Rey Arturo, en Culiacán, Sinaloa, tendrán que buscar una nueva academia para el próximo ciclo escolar. El plantel cerró. Avisó a los padres de familia que ya no continuarían, e incluso devolvió las colegiaturas adelantadas. Se declaró en quiebra por la crisis económica y sanitaria que generó el COVID-19 en el sector educativo.
Otra quiebra similar fue reportada por el colegio Madison, de Torreón, Coahuila, que tenía una antigüedad de 25 años y empleaba a 20 maestros. Según estimaciones de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares Asociación Nacional para el Fomento Educativo (ANFE-ANEP), el 25 por ciento de los 48 mil 713 mil que hay en el país estarían en números rojos, esto sería 12 mil 178 planteles que podrían no regresar a clases.
La cifra no es exacta, pues los números definitivos se verán una semana antes de que inicie el ciclo escolar, sea presencial o no, pues es cuando los padres pagan las colegiaturas, según explica Alfredo Villar Jiménez, presidente de la ANFE-ANEP.
La educación privada en México representa 5 millones 321 mil 481 alumnos y 485 mil 188 profesores, el 15 por ciento de la totalidad del sistema educativo.
El problema no es menor. La pérdida de empleos en el país, aunado a programas educativos deficientes durante el confinamiento, ha obligado a los padres de familia a buscar un espacio en el sistema público, o, en el peor de los casos, la deserción escolar, sin que hasta el momento las autoridades educativas hayan planteado una respuesta a la problemática.
“Entre los padres que no pueden pagar más las escuelas que están cerrando, se está abriendo una corriente de estudiantes cuyos padres quieren cambiarlos a escuelas públicas”, comentó Yoloxóchitl Bustamante, secretaria de Educación de Guanajuato y exdirectora del Instituto Politécnico Nacional, durante su participación en el Foro EF Meet Point que realizó El Financiero Bloomberg.
