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El pasado miércoles 17 de julio de 2025, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) acusó Uber de implementar un incremento “unilateral e injustificado” en sus tarifas, de hasta un siete por ciento. Dicho aumento, señala la dependencia, lo vinculan falsamente a los costos derivados de la reforma laboral para plataformas digitales.
A través de un comunicado, la STPS destacó que el aumentos de tarifas en Uber, que entra en vigor apenas dos semanas después del inicio de un programa piloto destinado a regular el empleo en el sector, viola los compromisos pactados entre el gobierno y las empresas. Las autoridades aseguran que, durante las negociaciones, Uber y otras plataformas aceptaron no trasladar costos a conductores o usuarios.
“Cabe recordar que, como resultado del diálogo constante entre el Gobierno de México y las plataformas digitales, incluyendo a Uber, se construyó la reforma. Así como los lineamientos del piloto obligatorio mismos que fueron ampliamente discutidos y considerados viables por las empresas, comprometiéndose explícitamente con esta secretaría a no incrementar sus tarifas ni afectar los ingresos de los trabajadores y consumidores”, declaró la STPS.
La reforma, resultado de meses de diálogo entre el gobierno y las empresas de tecnología, buscaba equilibrar la flexibilidad del trabajo con derechos laborales básicos, como acceso a seguridad social. No obstante, la STPS denuncia que Uber actuó de manera prematura: aún no hay datos concluyentes sobre cuántos trabajadores han sido formalizados ni sobre el impacto financiero real para las compañías.
“Este incremento en tarifas, a sólo 15 días de iniciado el piloto, no solo incumple los compromisos asumidos, sino que resulta especialmente preocupante al no contarse todavía con una estimación precisa sobre el impacto real en los costos operativos para las empresas ni el número exacto de trabajadores formalmente incorporados al régimen de seguridad social”, agregaron.
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El gobierno mexicano arremetió contra el esquema de negocios de Uber, calificándolo de “extractivo”, ya que los conductores asumen gastos como combustible, mantenimiento de vehículos y seguros. Mientras que la plataforma retiene un porcentaje significativo de cada viaje. “El Gobierno de México, comprometido con la justicia social y laboral, no tolerará prácticas empresariales que trasladan injustamente costos hacia trabajadores y consumidores bajo falsas premisas”, advirtió la STPS.
En respuesta, la secretaría anunció una coordinación urgente con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para implementar operativos nacionales que verifiquen el cumplimiento de las leyes de protección al consumidor. Las autoridades no descartan multas u otras sanciones si se demuestra que el alza carece de sustento.
La STPS instó a Uber y a otras plataformas a “actuar con ética y apego a los acuerdos”, subrayando que la reforma busca dignificar el empleo digital sin afectar la economía de las familias y la dignidad laboral de las y los trabajadores de plataformas digitales.
El conflicto podría escalar en los próximos días, especialmente si Uber mantiene su postura. Mientras, organizaciones de conductores han expresado preocupación por posibles represalias, como la reducción de viajes asignados a quienes exijan sus derechos.
Por su parte, la Profeco hizo un llamado a Uber para que cumplan con lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor. La cual garantiza el derecho de los consumidores a ser informados de manera clara y oportuna sobre cualquier cambio en los términos y condiciones de los servicios contratados.
“Informar sobre modificaciones en los planes contratados no es opcional, sino una obligación legal. Los usuarios tienen derecho a conocer cualquier cambio que afecte su experiencia, de modo que puedan decidir libremente si aceptan o no las nuevas condiciones”. Destacó la Profeco.
