Argentina
Cártel de Sinaloa
Javier Milei
Terrorismo
El gobierno de Argentina, encabezado por Javier Milei, recientemente incluyó al Cártel de Sinaloa, las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otras dos organizaciones criminales en su Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
La medida, anunciada a través de un comunicado oficial emitido por la Oficina del Presidente y firmado por Javier Milei, alcanza también a la Nueva Familia Michoacana, de México, y a Los Tiguerones, de Ecuador. La decisión se produce apenas un mes después de que el Gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, amplió a 21 el número de grupos criminales latinoamericanos designados como organizaciones terroristas extranjeras. Y en un momento en que Washington profundiza su cooperación en materia de narcotráfico con Buenos Aires.
A diferencia de una declaración meramente política, la inclusión en el RePET activa obligaciones concretas para bancos y entidades financieras de Argentina. De acuerdo con la resolución conjunta 5/2026 de los ministerios de Seguridad y de Relaciones Exteriores, los sujetos obligados ante la Unidad de Información Financiera (UIF) deberán verificar las listas y reportar cualquier operación sospechosa vinculada a dichas organizaciones. El mecanismo permite el congelamiento administrativo de bienes y la comunicación inmediata a la Justicia federal.
El gobierno argentino justificó la medida en informes reservados de inteligencia que describen a estas organizaciones como una “amenaza externa real o potencial” para la seguridad nacional. En el caso del Cártel de Sinaloa, la resolución lo define como una estructura transnacional dedicada al narcotráfico, el contrabando, secuestros extorsivos y otras actividades delictivas. En tanto que la Nueva Familia Michoacana “es una organización criminal mexicana que se especializa en el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal”, se lee en el comunicado oficial.
Sobre las FARC-EP y el ELN, las clasifican como “organizaciones guerrilleras insurgentes de extrema izquierda” basadas en el marxismo-leninismo y la revolución armada. “Sus delirantes ideas llevadas a la acción causaron uno de los mayores desastres humanitarios del último siglo en América Latina, con levantamientos armados, intentos de golpes de Estado y violaciones a los derechos humanos”.
“Su capacidad operativa y expansión regional con estructuras y redes susceptibles de proyectar sus actividades hacia nuestro país configuran un riesgo que trasciende la criminalidad estrictamente doméstica [de Colombia] y compromete la seguridad nacional argentina”, agregaron.
En cuanto a Los Tiguerones, el Gobierno de Argentina señaló que se trata de un cártel de Ecuador especializado en “actividades de narcotráfico y sicariato” y la señaló como “un de las organizaciones criminales más violentas de la región”. Asimismo, añadieron que dicho grupo se dividió de Los Choneros en 2020, junto con Los Chone Killers, agrupación a la que Argentina también designó como organización terrorista en agosto de 2026.
Con lo anterior, el gobierno de Milei reafirmó su “compromiso indeclinable con la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional. Y sostiene la convicción de identificar y combatir, hasta las últimas consecuencias, a aquellas organizaciones que emplean la violencia, extorsión y terror como herramientas de acción criminal”.
En noviembre de 2025, una avioneta se estrelló en Rosario de la Frontera, en la provincia de Salta, transportando 364 kilos de cocaína, presuntamente atribuida al Cártel de Sinaloa. Para entonces, informes de seguridad indicaban que tanto el Cártel de Sinaloa como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) habían establecido redes en Bolivia para producir cocaína y traficarla a través de puertos argentinos.
La medida también se inscribe en un contexto de creciente cooperación entre Buenos Aires y Washington. A principios de octubre, el gobierno de Estados Unidos creó en Argentina una “unidad regional” de su Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), con un fondo aprobado de más de 13 millones de dólares para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
La designación del Cártel de Sinaloa como organización terrorista por parte de un gobierno sudamericano coloca a la cancillería mexicana en una posición delicada. Cuando Argentina tomó una medida similar con el CJNG en marzo de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, evitó pronunciarse y respondió: “Mejor no comentamos”.
Hasta el momento, el gobierno de México no ha fijado una postura oficial sobre la inclusión del Cártel de Sinaloa en el RePET. La ausencia de una reacción pública sugiere que la administración de Sheinbaum prefiere no escalar una disputa diplomática con un país que, hasta ahora, no representa una amenaza directa para sus intereses de seguridad; pero cuya decisión podría sentar un precedente incómodo en foros multilaterales.
La incorporación de estas cinco organizaciones no es un hecho aislado. Argentina ya declaró terrorista al CJNG en marzo de 2026 y, en agosto, a Los Chone Killers, una escisión de Los Choneros de Ecuador. El RePET también incluye, desde julio de 2024, a Hamás y a la Fuerza Quds iraní, lo cual demuestra que el mecanismo se convirtió en una herramienta central de la política exterior de Milei en materia de seguridad.
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Por un lado, esta decisión satisface las expectativas de Washington en el marco de su cruzada continental contra los cárteles. Y, por el otro, dota al Estado argentino de herramientas legales para perseguir financieramente a organizaciones que, hasta hace poco, eran vistas como un problema exclusivamente de México, Colombia y Ecuador.
