Estados Unidos
En una escalada de su campaña militar contra el narcotráfico, el gobierno de Estados Unidos ejecutó un ataque letal en el Pacífico que destruyó una embarcación (narcolancha) operada, presuntamente, por una organización narcoterrorista.
La operación, autorizada por el presidente Donald Trump, representa un giro estratégico al ser la primera de su tipo en aguas del Pacífico, tras siete intervenciones previas confinadas al mar Caribe. El hecho consolida una polémica doctrina de seguridad que equipara a los cárteles de la droga con grupos terroristas. Y emplea, como base legal, la misma autorización que permitió la ofensiva global tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Sobre lo anterior, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, detalló en un comunicado publicado en la red social X que, con base en inteligencia precisa, identificaron a la embarcación como parte de una ruta establecida para el contrabando de estupefacientes.
“Ayer, bajo la dirección del presidente [Donald] Trump, el Departamento de Defensa llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada y que realizaba narcotráfico en el Pacífico Oriental”. Escribió Hegseth, utilizando un término militar para describir el uso de fuerza física.
El secretario añadió que tenían conocimiento de que la “narcolancha” estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos. Y que transitaba por una ruta conocida para el narcotráfico y transportaba narcóticos. “Durante el ataque, llevado a cabo en aguas internacionales, se encontraban dos narcoterroristas a bordo. Ambos terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida”, agregó.
“Los narcoterroristas que pretenden traer veneno a nuestras costas no encontrarán refugio en ningún lugar de nuestro hemisferio. Así como Al Qaeda libró una guerra contra nuestra patria, estos cárteles libran una guerra contra nuestra frontera y nuestra gente. No habrá refugio ni perdón, sólo justicia”, subrayó Pete Hegseth.
Dos individuos, identificados por el Pentágono como supuestos “narcoterroristas”, perdieron la vida durante el ataque a la “narcolancha”. Por el otro lado, el Departamento de Defensa confirmó que no se produjeron bajas ni heridos entre el personal estadounidense. La embarcación, que transportaba una carga no especificada de drogas, quedó destruida por completo en aguas internacionales.
En sus declaraciones, el secretario Hegseth empleó una retórica belicista que enmarca el tráfico de drogas no como un delito, sino como un acto de agresión hostil. “Así como Al Qaeda libró una guerra contra nuestra patria, estos cárteles están librando una guerra contra nuestra frontera y nuestra gente”, afirmó. “No habrá refugio ni perdón, solo justicia”.
Esta acción se enmarca en lo que la Casa Blanca definió como un “conflicto armado” contra las organizaciones criminales transnacionales. Este estatus legal permite al gobierno emplear capacidades militares ofensivas en el extranjero de una manera que, típicamente, estaría reservada para escenarios de guerra convencionales, un movimiento que ha generado debate entre expertos en derecho internacional.
Al operar bajo leyes de tiempos de guerra, la administración de Trump se otorga a sí misma una flexibilidad operativa enorme. Sin embargo, también se expone a serias cuestiones sobre soberanía y proporcionalidad, especialmente cuando civiles pueden verse involucrados.
La campaña, no obstante, no está exenta de complicaciones. Un episodio anterior subraya los desafíos de esta estrategia. Dos tripulantes que sobrevivieron a una operación previa fueron repatriados a sus países de origen, Ecuador y Colombia. Sin embargo, según un documento oficial ecuatoriano, a uno de ellos, identificado como Andrés Fernando Tufiño, lo liberaron las autoridades de su país “por falta de pruebas” y ante la ausencia de “elementos de convicción” que sustentaran la acusación de algún delito.
La liberación de Tufiño plantea interrogantes sobre la solidez de la inteligencia que sustenta estas misiones. Así como de la capacidad de las autoridades estadounidenses para construir casos judiciales contra los detenidos o sobrevivientes.
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A pesar de estas complejidades, la administración Trump dejó claro que su intención es persistir y hasta intensificar esta campaña. Las autoridades estadounidenses reiteraron que ninguno de estos operativos resultó en bajas propias. Y advirtieron de una vigilancia reforzada sobre las rutas estratégicas del Pacífico y el Caribe, señalando que la frontera marítima se convirtió en un nuevo frente de batalla en la eterna guerra contra las drogas.
