El Salvador veta el ‘lenguaje inclusivo’ en escuelas públicas

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, precisó que, a partir del 2 de octubre, el  lenguaje inclusivo está prohibido en los centros educacionales de todo el país.

El gobierno del presidente Nayib Bukele prohibió oficialmente el uso del lenguaje inclusivo en todo el sistema de educación pública de El Salvador. La medida, anunciada desde el pasado jueves 2 de octubre, por la ministra de Educación, Ciencia y Tecnoogía, Karla Edith Trigueros, forma parte de una transformación más amplia del sistema educativo que generó un intenso debate en el país centroamericano.

“A partir de hoy, el llamado ‘lenguaje inclusivo’ está prohibido en todos los centros educativos públicos de nuestro país”. Publicó Bukele en medios sociales.

La directriz, establecida en el Memorándum N.º 22-2025, es de carácter obligatorio y de aplicación nacional. La orden prohíbe expresamente el uso de palabras como “amigue”, “compañere”, “niñe”, “todos y todas”, “alumn@”, “jóvenxs” o “nosotrxs”. A las que, en el escrito, signado por la secretaria de Educación, se refieren como “deformaciones lingüísticas”.

Dicha medida rige para todos los centros educativos públicos y dependencias del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT). E impacta a la comunicación oral y escrita en clases, materiales didácticos, circulares, documentos administrativos y correspondencia oficial.

El gobierno justificó la medida como una forma de “garantizar el buen uso del idioma”. Así como para consolidar una comunicación “clara, uniforme y respetuosa” y “proteger a la primera infancia, niñez y adolescencia de injerencias ideológicas que afecten su desarrollo integral”.

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La campaña por la “disciplina escolar”

Esta prohibición no es un hecho aislado; sino que se enmarca en una serie de políticas educativas de corte disciplinario implementadas desde que la capitana Trigueros, una oficial militar sin experiencia previa en el sector educativo, asumió el cargo en agosto.

La nueva ministra emitió una serie de memorandos obligatorios que establecieron un estricto reglamento en las escuelas públicas, que incluye:

• Presentación personal: Uso de uniforme limpio y “corte de cabello adecuado”.
• Cortesía y civismo: Obligación de saludar al entrar y salir del aula, decir “por favor” y “gracias”. Y realizar actos cívicos semanales los “Lunes Cívicos” con el himno nacional y la oración a la bandera.
• Sistema de deméritos: Los estudiantes que no cumplan con estas normas de cortesía acumulan deméritos. Los cuales podrían conllevar desde advertencias y tareas correctivas, hasta la no promoción de grado si se acumulan 15 deméritos.

El gobierno argumentó que estas medidas buscan “fortalecer la disciplina y el orden”. Así como evitar que las escuelas vuelvan a ser “lugares de reclutamiento de pandilleros”.

El Frente Magisterial calificó el nombramiento de una militar como titular de Educación como una “militarización de la educación pública”, evocando épocas pasadas de régimen militar. Mientras que organizaciones de derechos humanos externaron que este sistema “prioriza la obediencia por encima del aprendizaje crítico”. Y puede representar una carga adicional para las familias más pobres. Por otro lado, representantes de colegios privados aplaudieron las medidas, argumentando que contribuyen a la formación en valores y la disciplina.