Estados Unidos
Nicolás Maduro
Venezuela
En su primera comparecencia ante un tribunal de Nueva York, el otrora presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró “no culpable” de cargos de narcoterrorismo. Su presencia física en el banquillo, tras una captura y traslado cuyos detalles operativos siguen siendo materia de especulación y asombro geopolítico, marca un punto de inflexión explosivo en las relaciones hemisféricas y plantea una batalla legal de proporciones históricas.
Maduro, vestido con un traje oscuro y visiblemente serio, se identificó como “el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela”. Intentó leer una declaración, afirmando ser “un hombre decente y un prisionero de guerra”. Asimismo, denunció que lo extrajeron “por la fuerza” de su país. La jueza, aplicando el estricto protocolo de una vista inicial, le interrumpió cortésmente, pero con firmeza, recordándole que habrá tiempo para declaraciones en el proceso adecuado. A su lado, su esposa, Cilia Flores, también se declaró no culpable de cargos similares.
El camino hacia un juicio está plagado de obstáculos jurídicos monumentales. Los abogados de Maduro preparan una impugnación frontal a la legitimidad de la corte. Su argumento principal, esbozado en declaraciones extrajudiciales, se basará en la inmunidad soberana: como jefe de Estado reconocido por las Naciones Unidas y mantenido en el poder tras unas elecciones disputadas, pero con reconocimiento de diversos gobiernos, Maduro estaría protegido del enjuiciamiento en tribunales de otro país. Esta defensa chocará frontalmente con la doctrina aplicada por la fiscalía, que alega que los cargos por narcoterrorismo y delitos contra la humanidad caen bajo el principio de jurisdicción universal, especialmente cuando se alega la conversión del Estado en una “empresa criminal”.
Fuera del juzgado, en Caracas, el gobierno interino de Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo este mismo lunes 5 de enero, convocó una sesión de emergencia de la Asamblea Nacional, denunciando una “agresión sin precedentes”. Rusia y China emitieron declaraciones condenatorias, calificando la acción de “ilegal” y advirtiendo de consecuencias.
En un emotivo y estridente discurso televisado desde Miraflores, Nicolás Maduro Guerra, de 35 años, hijo del expresidente, acusó a Washington de “perseguir a su familia”. De igual manera, refirió que su padre es un “prisionero político” y que la captura se trató de una venganza por no doblegarse ante Estados Unidos.
“Si normalizamos el secuestro de un jefe de Estado, ningún país estará a salvo. Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier nación que no se someta. No se trata de un problema regional, es una amenaza directa a la estabilidad global, a la humanidad y a la igualdad soberana de las naciones”, expresó Maduro Guerra, al mismo tiempo que pidió solidaridad internacional.
El proceso, que continuará con una nueva vista el 17 de marzo, promete ser un híbrido explosivo entre drama judicial y teatro geopolítico. La fiscalía, liderada por el Departamento de Justicia, deberá presentar evidencias concretas que vinculen directamente a Maduro con los carteles de la droga, superando la barrera de la inmunidad. La defensa, por su parte, intentará convertir el tribunal en una tribuna para denunciar lo que llama una “guerra híbrida” contra Venezuela.
Mientras tanto, Maduro permanecerá bajo custodia en una instalación federal de alta seguridad, un presidente encarcelado cuya celda se convirtió, de la noche a la mañana, en el epicentro de una tormenta que sacude los pilares del derecho internacional y reconfigura las reglas del enfrentamiento entre Estados Unidos y sus adversarios.
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Estados Unidos acusa a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, de llevar a cabo acciones relacionadas con el narcotráfico que ponen en riesgo a la población estadounidense. Por su parte, Maduro rechaza dichas aseveraciones y se apegó a su inocencia y a sostener su postura de ser un “prisionero de guerra”.
