Crimen Organizado
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En una conferencia del Gabinete de Seguridad del Gobierno de Oaxaca, el fiscal general del estado, Bernardo Rodríguez Alamilla, reveló detalles sobre la investigación de un caso que conmocionó a la región: la desaparición y posterior hallazgo sin vida de cinco jóvenes originarios de Tlaxcala, cuyos cuerpos se encontraron en Puebla.
De acuerdo con las autoridades, el crimen cometido en contra del grupo de personas, podría estar relacionado con un ajuste de cuentas entre células delictivas, una de éstas proveniente de Tlaxcala y otra de la región costera de Oaxaca.
Rodríguez Alamilla destacó que las investigaciones se centran en los delitos de desaparición forzada cometida por particulares y homicidio. Para esclarecer los hechos, las autoridades estatales y federales establecieron una estrecha colaboración con instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, la Policía Estatal, así como con las fiscalías generales de Tlaxcala y Puebla. Este esfuerzo interinstitucional refleja el compromiso del gobierno federal y estatal para garantizar la seguridad en la zona costera de Oaxaca, una región que ha enfrentado crecientes desafíos relacionados con el crimen organizado.
El fiscal detalló que las autoridades recibieron inicialmente el reporte de la desaparición de siete personas originarias de Tlaxcala. De estas, cuatro fueron denunciadas formalmente ante la Fiscalía General de Oaxaca: J.A.L.P.G. (mujer), vista por última vez el 27 de febrero de 2025 en Santa María Huatulco; y B.M.S.M. (mujer), R.E.G.L. (hombre) y N.Y.L.M. (mujer), quienes desaparecieron el 28 de febrero en la playa de Zipolite, en San Pedro Pochutla. A otras tres personas, identificadas como A.M.C., G.G.C.V. y L.E.S.V., las reportaron a la Comisión Estatal de Búsqueda.
De las siete personas reportadas como desaparecidas, dos fueron localizadas con vida: B.M.S.M. en Puebla y L.E.S.V. en Santa Cruz Huatulco, este último detenido por su presunta participación en un hecho delictivo en la zona. No obstante, a las otras cinco las hallaron sin vida el pasado 2 de marzo de 2025, al interior de un vehículo abandonado en un paraje cercano a la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, en el municipio de San José Miahuatlán, Puebla.
Durante las indagatorias, L.E.S.V., la persona detenida, reveló que el grupo de desaparecidos viajó a la región costera de Oaxaca para cometer diversos ilícitos, incluyendo robos a cuentahabientes, cajeros automáticos y centros comerciales, actividades que ya realizaban en Tlaxcala. Según su testimonio, una persona identificada como J.A.L.C, alias “El Jocha”, los invitó a Oaxaca, les proporcionó alojamiento y les indicó posibles objetivos para sus actividades delictivas.
Rodríguez Alamilla añadió que las investigaciones sugieren que el asesinato de las cinco personas podría ser resultado de un conflicto entre células criminales. “Estamos ante un posible ajuste de cuentas entre grupos delictivos, uno de Tlaxcala y otro de la región costera de Oaxaca”, afirmó el fiscal. Esta hipótesis se basa en la presencia de ambos grupos en la zona y en la naturaleza violenta de los hechos.
Como parte de las pesquisas, las autoridades realizaron diversos actos de investigación, incluyendo la intervención de las instalaciones de la policía municipal de Santa Cruz Huatulco para determinar si existe algún grado de involucramiento por parte de los agentes. Además, se revisan las bitácoras de múltiples autoridades y se desarticuló una red de 40 cámaras de vigilancia ilegal instaladas en calles de Santa Cruz Huatulco.
También se recuperaron vehículos y se trabaja en la reconstrucción de las rutas que posiblemente siguieron las víctimas previo a su desaparición. Estos esfuerzos buscan esclarecer los hechos e identificar a los responsables para desmantelar las redes criminales que operan en la región.
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Rodríguez Alamilla reiteró el compromiso de la Fiscalía de Oaxaca para investigar delitos que impactan directamente en el tejido social de la entidad. “Estamos llevando a cabo labores coordinadas con la Sedena, Semar, Guardia Nacional y Policía Estatal para garantizar la efectividad de estas acciones y brindar justicia a las víctimas”, afirmó.
Este caso pone de manifiesto la complejidad de las redes delictivas que operan en México y los desafíos que enfrentan las autoridades para combatirlas. Mientras las investigaciones continúan, las familias de las víctimas esperan respuestas y justicia, en un contexto donde la violencia y la impunidad son una realidad cotidiana en muchas partes del país.