Crimen organizado
Gabinete de Seguridad
Sinaloa
En continuidad a las labores de inteligencia e investigación realizadas en Sinaloa por el Gabinete de Seguridad federal, se logró la detención de cinco presuntos miembros del crimen organizado. Entre, estos, Horacio “N”, hermano de Omar “N”, líder una célula delictiva en esta entidad, detenido desde el pasado 14 de noviembre.
Tras la captura de Omar “N”, se desarrollaron líneas de investigación que permitieron conocer que Horacio “N”, era su operador financiero. Y que cumplía la función de pagar nóminas en Culiacán y Sonora. Así como también se encargaba de gestionar los encargos que le realizaba; además se sabe que utilizaba los mismos domicilios para resguardarse.
En redes sociales, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, indicó que, en fechas pasadas, detuvieron a un líder de un grupo criminal generador de violencia en Culiacán. Posteriormente, tras las indagatorias, mediante un operativo por parte de la SSPC, Sedena, Semar, FGR y Guardia Nacional, se logró la detención de otros cinco miembros del crimen organizado. Entre ellos, confirmó, está Horacio “N”, operador y hermano de Omar “N”.
Con la información obtenida a través de trabajos de inteligencia, se llevaron a cabo diversos patrullajes de prevención y seguridad en el municipio de Culiacán, Sinaloa. Y, al circular en la calle José María Morelos Norte, los efectivos se percataron de la presencia de cinco sujetos, quienes presuntamente estaban armados. Éstos, al notar la presencia de las fuerzas federales, emprendieron la huida e ingresaron a un hotel.
Para prevenir alguna conducta ilícita que pudiera poner en riesgo a la población, los efectivos les dieron alcance y detuvieron a los cinco hombres. Uno de ellos está identificado como Horacio “N”. Tras efectuarles una revisión de seguridad, en apego a los protocolos de actuación, las autoridades hallaron y decomisaron lo siguiente:
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Debido a lo anterior, los sujetos detenidos, cuyas edades son de 33, 34, 37 y dos de 39 años, quedaron bajo custodia de las fuerzas federales. Tras informarles sobre sus derechos constitucionales, los trasladaron hacia el Ministerio Público, en donde se definirá su situación legal y se comenzará a integrar la debida carpeta de investigación.