La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) combatirá la política eléctrica del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN).
El regulador antimonopolio interpuso una controversia constitucional al estimar que la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (Política), emitida por la Secretaría de Energía (Sener), violenta la competencia de la Constitución mexicana.
“Afecta su mandato constitucional e invade su esfera competencial”, declaró la Comisión que preside Alejandra Palacios en un comunicado.
Minutos después de que Cofece difundió su controversia constitucional, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, publicó en su cuenta de Twitter que la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico está por encima de cualquier interés económico público o privado y se considera estratégico.
El pasado 15 de mayo de 2020, la dependencia energética encabezada por Rocío Nahle publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo que afecta las inversiones privadas y establece límites a las plantas de energía renovable del sector privado, además de que fortalece el rol de la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el sistema eléctrico.
Según la Cofece, el acuerdo afecta “de manera grave” la estructura económica del sector de electricidad, pues elimina la posibilidad de que este opera en condiciones de competencia y eficiencia, así como los términos dispuestos en el conjunto del marco normativo vigente del país.
“La Política impugnada compromete tanto el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución (insumo indispensable en esta industria), como el criterio de despacho económico que rige la operación del mercado eléctrico mayorista; asimismo, otorga ventajas en favor de ciertos participantes y disminuye la capacidad de competir de otros, sacrifica la eficiencia y establece barreras a la entrada en la generación eléctrica”, agregó.
El ente regulador solicitó a la SCJN pronunciarse sobre los límites que tiene un regulador sectorial frente a los principios constitucionales de competencia cuando emite una disposición que afecta la dinámica competitiva de un mercado.
Tras un revés del poder judicial a favor de empresas privadas el pasado 12 de junio, Sener dijo que combatirá dicha resolución, y abundó en un comunicado que ningún derecho económico prevelacerá sobre el interés general del país cuando éste afecte el suministro confiable de la electricidad.
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