La Cámara de Diputados aprobaron unánimemente (470 votos a favor) la denominada “Ley Ingrid”. La cual sancionará con penas de cuatro a 10 años a funcionarios que graben, compartan o reproduzcan fotografías, videos, documentos o toda evidencia de un proceso penal.
El castigo, refieren los diputados, “será mayor si se trata de mujeres, niños, niñas o personas con discapacidad”. Es decir, las sanciones penales se incrementarían un 30 % en caso de que la evidencia difundida atente contra la dignidad de mujeres, personas con capacidades diferentes o menores de edad.
Con el visto bueno de los legisladores mexicanos, se añadirá la fracción 29 al artículo 225 del Código Penal Federal. De esta manera, no sólo quien cometa este delito tendrá una condena penal. Sino que también se hará acreedor a una multa que va de los 100 a los 150 días.
Sin embargo, aún falta que los senadores revisen. Y, posteriormente, avalen esta propuesta de Ley que toma por nombre el caso de Ingrid Escamilla. Ella fue una joven mujer que fue asesinada violentamente por su pareja sentimental en febrero de 2020. Y las imágenes de dicho crimen fueron filtradas por los agentes de la policía capitalina, dando paso a su publicación en diversos medios de circulación nacional.
Caso similar fue con el actor Octavio Ocaña, cuando dos agentes del Estado de México tomaron fotografías del accidente. Los elementos ya fueron sancionados por su actuar.
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Así, la Ley Ingrid se ejercería cuando un funcionario público “por sí o por interpósita persona, a través de cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la ley, fotografíe, copie, filme, audiograbe, videograbe, reproduzca, difunda, entregue, revele, remita, comparta, distribuya, publique, transmita, exponga, oferte, intercambie o comercialice, imagen, audio, video, documento, información, indicio, evidencia u objeto alguno relacionado con un procedimiento penal, las condiciones personales de una víctima o las circunstancias de hecho o hechos que la ley señale como delitos”.
Al respecto, el diputado Felipe Macías Olvera, presidente de la Comisión de Justicia, comentó que la reforma busca que los servidores públicos encargados de la administración de la justicia (peritos, policías e investigadores), tengan prohibido la difusión o comercialización de cualquier material o información relacionada con crimen.
El legislador agregó que la Ley Ingrid prevendrá “que no se repitan los terribles casos en que los servidores públicos, que se encargan de resguardar lo sucedido y la escena, sean los primeros en divulgar materiales de la víctima, lucrando con la tragedia. Y haciendo más terrible ese momento para familiares y seres queridos”.
Por su parte, la diputada panista, Ana María Balderas, dijo: “No olvidemos que esas imágenes quedan de por vida en las redes sociales; no debemos permitir que existan otras historias como la de Ingrid en videos tan trágicos”.
Mientras que la diputada morenista, Laura Imelda Pérez Segura, indicó que la Ley Ingrid tiene la intención de terminar con la revictimización y la violencia institucional que sufren las mujeres en México.
