Crimen
Justicia
Este viernes 19 de agosto, elementos de la Policía Federal Ministerial, de la Fiscalía General de la República (FGR) lograron la detención de Jesús Murillo Karam. Un reconocido personaje de la política mexicana que, del 2012 al 2015, estuvo al frente de la otrora Procuraduría General de la República (PGR).
Durante la gestión de Murillo Karam llamó la atención un caso en particular, cuando en septiembre de 2014, un grupo de 43 estudiantes de una escuela normal, Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa desaparecieron sin que hasta hoy se conozca exactamente lo que pasó.
En aquel entonces, el titular de la PGR era uno de los máximos personajes encargos de la investigación de este deleznable hecho que consternó al país. Y bajo su cargo, declaró una “verdad histórica” sobre lo ocurrido durante aquella noche del 26 de septiembre.
No obstante, dicha declaración ocultaba información prioritaria y permitió la alteración de los hechos para presentar ante la nación una resolución que, desde hace casi ocho años, no ha terminado de convencer ni a los padres de los jóvenes desaparecidos, ni a la sociedad en general.
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Recientemente, durante la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador, el mandatario habló sobre el caso ocurrido en Guerrero. Y destacó que, lamentablemente, se tiene conocimiento de que ninguno de los estudiantes levantados, está con vida.
Para llegar a este punto, el presidente mostró las conclusiones preliminares de una investigación a manos de la “Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa”. A diferencia de lo que Murillo Karam afirmó con la “Verdad histórica”, esta nueva investigación determina que, efectivamente, el levantamiento y posterior homicidio de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, fue un “crimen de estado”.
A través de distintos métodos como detenciones falseadas e incluso presuntas torturas, se comenzó a generar la “Verdad histórica” que pretendía dar carpetazo al caso de los 43 estudiantes. Dicha “verdad”, señalaba que los estudiantes de Ayotzinapa fueron levantados por presuntos integrantes del grupo criminal “Guerreros Unidos”. De esta manera, la PGR daba carpetazo al caso.
Tras el secuestro, los condujeron a un lote usado como basurero municipal en Cocula, Guerrero, donde, supuestamente, les prendieron fuego para eliminar las evidencias. Esta resolución no convenció ni a los padres ni a la sociedad en general, así como tampoco a grupos de expertos independientes que analizaron el caso. Tiempo después, Murillo Karam, seguía recibiendo reclamos por llegar a esa “Verdad histórica”, a tal grado que en un momento afirmó “estar cansado” de la situación, tomando la decisión de redimir de su posición como titular de la PGR.
