AMLO
Ayotzinapa
Crimen Organizado
Tras nueve años desde la lamentable desaparición de los 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa, recientemente el Gobierno federal compartió tres posibles hipótesis de lo que le habría ocurrido a los jóvenes normalistas.
El informe, como señalamos anteriormente, presenta tres escenarios que podrían haber ocurrido aquella trágica noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero. Donde 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecieron tras ser «levantados» por presuntos integrantes del crimen organizado.
Desde entonces, han pasado nueve años y dos gobiernos federales, el de Enrique Peña Nieto, y el actual de Andrés Manuel López Obrador, sin que se haya dado certeza a los familiares de las víctimas.
Sobre el informe, López Obrador resaltó que es «lamentable» que aún no hayan extraditado a Tomás Zerón, quien está vinculado al caso de Ayotzinapa y se encuentra actualmente en Israel. Asimismo, remarcó que, con la información que posee el gobierno y la confesión de los detenidos, «será suficiente para encontrar a los jóvenes». De igual mamera, remarcó que no se deberían enfocar en culpar al ejército; sino en «conocer la verdad».
El Pdte. @lopezobrador_ declaró que es lamentable que no se avance en extradición a México de Tomás Zerón, exfuncionario vinculado al #CasoAyotzinapa, por protección de Israel.
“Ningún gobierno puede proteger a un torturador y mucho menos Israel”, denunció el mandatario. pic.twitter.com/tD1jZDgX9X
— Gobierno de México (@GobiernoMX) September 26, 2023
También te puede interesar: AMLO rechaza propuesta de que expresidentes pasen al Senado
El Gobierno federal, en conjunto con la Fiscalía Especializada que lleva el caso de «La noche de Iguala», sugieren tres posibilidades. Éstas son:
«De acuerdo con los testimonios, es posible que a los estudiantes los separaran en, por lo menos, tres grupos. Y que los trasladaran a diferentes sitios para su ejecución y desaparición en los municipios de Cocula, Cuetzala del Progreso, Eduardo Neri, Huitzuco, Iguala, San Miguel Totolapan, Taxco, Teloloapan y Tepecoacuilco». Se lee en el informe presentado por el Gobierno federal.
En el informe también se hace mención a que había vínculos que involucraban a los tres niveles del gobierno, entre los que se encontraban la Policía Federal y el ejército, con un grupo del crimen organizado que operaba en la región, identificado como «Guerreros Unidos».
Señalan que tanto los policías, como los militares, «recibían dinero» de parte de dicho grupo criminal. Además, se encargaban de surtirles armas de alto poder y municiones; así como se convirtieron en facilitadores para el trasiego de drogas y prestadores de protección para la delincuencia.
El informe revela que incluso el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, en conjunto con su esposa, María de los Ángeles Pineda, proveían de fuertes sumas de dinero a Guerreros Unidos. Sin embargo, ellos no eran los únicos, pues también se relaciona con el mismo hecho al alcalde de Cocula, César Miguel Peñaloza Santana.
Asimismo, el reporte del Gobierno indica que los altos mandos policiacos de diversos municipios de Guererro, como son Huitzuco, Cocula, Tepecoacuilco e Iguala, sí formaban parte del crimen organizado al interior de Guerreros Unidos. Incluso los señalan como los principales proveedores de «seguridad» para la operación del grupo criminal.
Hasta el momento, señala el informe, por el caso de «La noche de Iguala», se han detenido a 132 personas, entre las que se encuentran 41 presuntos integrantes de Guerreros Unidos; tres personas de la Fiscalía General de la República; 71 policías; la expresidenta del DIF de Iguala; el exsecretario de Seguridad del estado de Guerrero; el expresidente municipal de Iguala; y 14 personas de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Estados