El gobierno federal solicitó este año a los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) y Centros estatales (Ceresos) realizar operativos para confiscar teléfonos desde los cuales reos cometen delitos como la extorsión, aunque únicamente decomisaron 76 móviles. Sin embargo, las autoridades identificaron que dentro de las cárceles federales hay 16,470 líneas y 14,964 teléfonos, mismos que fueron desactivados.
En el documento del II Informe de Gobierno se detalla que a partir de marzo del 2020, el gobierno a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana requirió a los directores generales de los Ceferesos un informe quincenal de las acciones implementadas para la inspección, revisión y confiscación de celulares. “Como resultado de dichas acciones, se decomisaron 76 celulares”, se detalló.
El Informe detalló que el 3 de marzo del 2020 se solicitó a los concesionarios del servicio de telefonía efectuar los arreglos técnicos necesarios en sus redes de telecomunicaciones para limitar la presencia de radiocomunicación al interior de los centros penitenciarios y llevar a cabo el bloqueo de los códigos IMSI e IMEI, utilizados en los mismos.
“Como resultado de dichas acciones, al 30 de junio se han monitoreado tres Centros Federales y 18 Centros Estatales, anulando 16,470 líneas celulares y 14,964 aparatos de telefonía celular”, se precisó.
Cabe destacar que de enero a agosto de este año se registraron 5,629 denuncias de víctimas de extorsión. En enero se presentaron 715 víctimas; en febrero 752; en marzo 716; en abril 649; en mayo 626; en junio 685; en julio 736; y en agosto 750 víctimas.
En tanto, de acuerdo con un informe del Centro Nacional de Información (CNI), de enero del 2019 a febrero del 2020, unos 111,000 mexicanos denunciaron algún tipo de extorsión vía telefónica, convirtiéndose así en el segundo delito del fuero local más recurrente en el país, después del robo en la calle o transporte público.
En el 2018, uno de cada cinco delitos cometidos fue una extorsión. Se estima que ese año se cometieron 5.7 millones de extorsiones, 91.6% de las cuales fueron vía telefónica.
Las autoridades del CNI y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) tienen datos de que entre 2017 y 2018 se observó un incremento significativo en las extorsiones concretadas, es decir, que el ciudadano afectado pagó lo solicitado.
Según un documento del CNI, la extorsión es el delito más frecuente en 14 entidades federativas: Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Morelos, Tlaxcala y Colima.
En el 2018, el delito de robo o asalto en la calle o transporte público ocupó el primer lugar de los delitos del fuero local con 29%; seguido de la extorsión con 17%; el fraude con 14%; el robo de vehículo con 12%; las amenazas 9%; el robo a casa habitación con 7%; entre otros ilícitos.
Desde el 2014, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) indicó que de los 17 centros federales, el 88.2% (15) contó con 193 inhibidores de señal celular, los cuales se distribuyeron en 14 centros federales.
