Crimen Organizado
Veracruz
Javier Vargas Arias, un empresario conocido localmente por su trabajo en la industria cítrica, fue ejecutado a tiros durante la mañana del jueves 23 de octubre de 2025 por un comando de sicarios fuertemente armado. El ataque refleja la creciente y alarmante vulnerabilidad de los productores agroindustriales en regiones de México controladas por el crimen organizado.
El asesinato, ocurrido alrededor de las 5:30 horas en el ejido Jardín Nuevo, no se trata de un incidente aislado. Tan sólo tres días antes, a Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán en Michoacán, lo asesinaron con un disparo en la cabeza. Esta coincidencia encendió las alarmas al observarse un patrón de violencia dirigida contra figuras clave de sectores económicos lucrativos y susceptibles de extorsión.
Según testimonios recabados en el lugar y reportes de medios locales, los agresores de Vargas Arias llegaron en una camioneta blanca, se aproximaron con precisión militar y abrieron fuego contra el empresario. Por lo menos, tres impactos de bala se hallaron en su cuerpo. La rapidez y brutalidad de la acción dejaron a Vargas Arias con múltiples heridas de bala. Aunque los servicios de emergencia lo trasladaron de inmediato al Hospital General de Álamo Temapache, los médicos declararon su muerte después de su ingreso.
La Fiscalía General del Estado de Veracruz ya inició una carpeta de investigación. Sin embargo, no hay detenidos y tampoco se emitió un pronunciamiento oficial sobre los posibles motivos del ataque. Mientras tanto, la escena del crimen quedó acordonada por elementos de la Policía Ministerial y peritos, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y la recolección de evidencias correspondiente, entre las que están siete casquillos de bala.
El municipio de Álamo Temapache, zona agrícola vital para Veracruz, recientemente resintió la devastación por inundaciones. Sin embargo, la violencia persistente representa una catástrofe de otro orden. Estas regiones productivas son, a menudo, territorios en disputa o bajo el control de grupos criminales que buscan extorsionar a los productores, controlar las cadenas de suministro o cobrar derechos de piso.
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El caso de Bernardo Bravo Manríquez en Michoacán refuerza este sombrío panorama. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el empresario contaba con un escolta proporcionado por el gobierno durante un trayecto entre Morelia y Apatzingán. No obstante, en un giro crítico, Bravo hizo un cambio de vehículo y prescindió de su custodia poco antes de ser asesinado. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reconoció este hecho, sugiriendo que la víctima “por algún motivo” decidió continuar sin protección.
