Gabinete de Seguridad
Michoacán
Como parte de los resultados del denominado “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, las autoridades federales y estatales dieron un fuerte golpe a la delincuencia en dicha entidad. De acuerdo con un informe proporcionado por el Gabinete de Seguridad, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con autoridades locales, detuvieron a 12 personas. Adicionalmente, aseguraron un arma de fuego, 17 cartuchos, 11 vehículos, dinero en efectivo e inhabilitaron una toma clandestina.
En coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno (federal, municipal y estatal), se realizaron reconocimientos a pie, patrullajes y labores de proximidad. Ello en los municipios de Aguililla, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Coalcomán, Cuitzeo, Jiquilpan, Morelia, Nuevo San Juan, Parácuaro, Parangaricutiro, Queréndaro, Tangamandapio, Uruapan, Villa Madero, Zamora, Zinapécuaro y Zitácuaro. Así como también se llevaron a cabo visitas a empacadoras e industrias cítricas, para brindar seguridad a trabajadores y productores.
El Gabinete de Seguridad federal resaltó que, del 10 de noviembre de 2025 al 6 de enero de 2026, detuvieron a 346 personas. Y aseguraron 163 armas de fuego, 13 mil 442 cartuchos, 639 cargadores, 288 vehículos, 192 artefactos explosivos, 53 kilos de material explosivo, 79 kilos de marihuana, 768 kilos de metanfetamina, 28 mil 800 litros y 15 mil 300 kilos de sustancias químicas. Además, inhabilitaron 22 campamentos y 50 tomas clandestinas.
Tras el alza en la violencia y presencia de miembros del crimen organizado en Michoacán, el Gobierno de México presentó el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”. Se trata de una estrategia integral que pretende combatir la violencia en la región y que se basa en tres ejes principales:
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De acuerdo con el Gobierno federal, esta estrategia se fortalecerá a través de las opiniones de los pueblos originarios. Así como de las mujeres, jóvenes, autoridades tradicionales, municipales, estatales, trabajadores del campo, sectores productivos y sociales, de las víctimas y de las familias.