CJNG
Zacatecas
En un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales, autoridades detuvieron, en Zacatecas, a cinco presuntos integrantes de una organización criminal con raíces en Jalisco. Además, incautaron un arsenal de armas, drogas y equipo táctico. Entre los arrestados están dos exfuncionarios públicos, Mauro Yuriel Jáuregui Muñoz y Juan Antonio López García, acusados de homicidio, secuestro y asociación delictuosa.
El operativo, ejecutado por elementos del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR), se llevó a cabo tras meses de vigilancia e inteligencia en respuesta a una serie de tentativas de homicidio en la región. Con una orden judicial, las autoridades allanaron una vivienda en la colonia Brisas de Nochistlán, donde aseguraron rifles, pistolas, chalecos antibalas, municiones y dosis de droga, además de un vehículo.
Uno de los arrestados, identificado como Mauro Yuriel Jáuregui Muñoz, de 30 años, fungió como alcalde en el municipio de Apulco y se le investiga por su presunta participación en crímenes graves. En una acción paralela, detuvieron a Juan Antonio López García, exsecretario de la misma localidad, quien contaba con una orden de aprehensión por su presunta conexión con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Los demás detenidos están identificados como Andy Edgardo Jáuregui Muñoz, de 29 años; Ricardo de la Cruz García, de 25 años; y Eduardo Gabriel Cuatepotzo Guzmán, de 23 años. Estos arrestos reflejan la infiltración de grupos criminales en estructuras de gobierno local, un fenómeno que complica el combate al crimen organizado.
El gobierno federal enfatizó que este operativo forma parte de una estrategia más amplia para desarticular células violentas en Zacatecas, un estado que ha sufrido un repunte en enfrentamientos entre cárteles rivales. No obstante, analistas advierten que la corrupción y la colusión entre autoridades y grupos ilícitos siguen siendo obstáculos clave.
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Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Allí se determinará su situación legal en los próximos días. Mientras tanto, las autoridades insisten en que continuarán con operativos conjuntos para “neutralizar a generadores de violencia”.
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