Extorsión
Senado de la República
El Senado de la República aprobó recientemente una ley integral que incrementa sustancialmente las condenas para quienes comentan el delito de extorsión y, además, establece sanciones severas para los servidores públicos que faciliten, o ignoren, estos delitos, en un reconocimiento explícito de la corrupción como un factor habilitante del crimen.
La llamada Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión se avaló de manera contundente en el pleno. La normativa representa una de las iniciativas más robustas en la materia, al modificar simultáneamente medio siglo de códigos legales, incluyendo el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
El núcleo de la nueva legislación es un endurecimiento significativo de las penas. Donde antes se contemplaban condenas de seis a quince años, la ley ahora fija un mínimo de quince y un máximo de veinticinco años de prisión para quienes resulten culpables de extorsión.
No obstante, la verdadera innovación de la ley radica en su enfoque en la complicidad institucional. La legislación establece que los funcionarios con responsabilidades de seguridad y justicia —desde ministerios públicos hasta custodios penitenciarios— que omitan denunciar actos de extorsión ante las autoridades competentes, se enfrentarán a penas de entre diez y veinte años de reclusión.
El castigo se agrava para servidores públicos que actúen de manera activa. Las autoridades penitenciarias, o cualquier funcionario que se demuestre que facilitó o permitió la comisión de una extorsión, enfrentará la pena base de quince a veinticinco años, más una pena adicional de tres a cinco años. Lo cual podría resultar en condenas efectivas de hasta tres décadas de prisión.
El dictamen, aprobado por el Senado, introduce por primera vez la obligatoriedad de que todas las acciones emprendidas bajo esta ley se realicen “con pleno respeto a los derechos humanos”. Una cláusula que no figuraba en la propuesta original de la Cámara de Diputados. Y que refleja las preocupaciones sobre los abusos en las tareas de seguridad.
Para dotar de mayor eficacia a la persecución del delito, la ley ordena la creación de unidades especializadas dentro de las fiscalías federales y estatales, integradas por personal ministerial y policial que deberá estar capacitado y certificado específicamente en delitos de extorsión. Hasta que estas unidades estén operativas, la carga de la investigación recaerá provisionalmente en las fiscalías antisecuestro.
La ley también aborda un problema endémico en el sistema penitenciario: el uso de tecnología para cometer delitos desde dentro de las prisiones. Introducir de manera no autorizada dispositivos electrónicos de comunicación en un centro penitenciario será castigado con penas de seis a doce años de cárcel.
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Además, la legislación estipula que los recursos económicos obtenidos mediante el decomiso o la extinción de dominio de bienes vinculados a redes de extorsión, se destinarán, preferentemente, a la restitución de los derechos de las víctimas de este tipo de delitos. Debido a las modificaciones sustanciales introducidas por el Senado, el proyecto de ley regresará a la Cámara de Diputados para su ratificación.
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