Sheinbaum actualiza datos del Registro de Personas Desaparecidas y no Localizadas

De acuerdo con el Gobierno Federal, en México, de 2006 a la fecha, hay 130 mil 178 registros de personas que continúan con estatus de desaparecidas en el país.

En la conferencia matutina de este viernes 27 de marzo de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que, desde su llegada al gobierno, de octubre de 2024 a la fecha, se han localizado 31 mil 946 personas. Y señaló que el Gobierno de México continúa la búsqueda de personas desaparecidas, a través de un sistema integral, que incluye la apertura de forma inmediata de una carpeta de investigación, la Alerta Nacional de Búsqueda, el fortalecimiento Comisión Nacional de Búsqueda, entre otros mecanismos.

“Seguimos buscando, seguimos cerca de los colectivos. Pero lo que tenemos ahora es un sistema integral de muchas instituciones: estatales, las Fiscalías Estatales, la Fiscalía General [de la República], que nos permite, tanto encontrar a las personas con mejores formas de investigación como poder levantar carpetas de investigación que obliguen a las Fiscalías a iniciar un proceso de investigación. Y, además, hay personas detenidas”. Destacó la mandataria mexicana.

Sheinbaum Pardo añadió que, en lo que va de su Gobierno, hay 285 personas detenidas por delito de desaparición. “Entonces, esto es lo que hoy quisimos entregar de este sistema integral que hemos estado trabajando y que le damos seguimiento todas las semanas, todas las semanas, para poder encontrar a estas personas”, dijo.

Más de 132 mil personas siguen aún con estados de desaparecidas

Por su parte, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina; y la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, desglosaron con metodología de análisis de datos lo que durante administraciones pasadas se ocultó bajo cifras monolíticas: de 394 mil 645 casos registrados desde 1952, 262 mil 111 personas ya fueron localizadas. De estas últimas, el 92 por ciento apareció con vida, y, en el 96 por ciento de los casos, no fue víctima de algún delito.

Pero el dato que sacude el tablero no es el de los localizados, sino el de los 132 mil 534 casos que aún mantienen el estatus de no localizadas. De ese total, el gobierno identificó tres subuniversos que marcarán la ruta de búsqueda de los próximos años:

• 46 mil 742 casos (36 por ciento) no cuentan con datos mínimos para iniciar una búsqueda. Es decir, no cuentan con nombre, sexo, fecha de nacimiento, contexto de la desaparición, fecha o lugar de los hechos. Lo cual, indicaron, imposibilita la búsqueda.
• 40 mil 308 casos (31 por ciento) tienen datos completos y presentan actividad posterior a la fecha de desaparición. Personas que aparecen en registros de matrimonio, altas en el SAT, cambios de domicilio en el INE o incluso en el padrón de vacunación años después de haber sido reportadas como desaparecidas. De este grupo, ya se han ubicado y formalizado cinco mil 269 casos.
• 43 mil 128 casos (33 por ciento) concentran la mayor gravedad. Son personas con datos completos, sin actividad posterior registrada en bases administrativas. Y, de las cuales, sólo tres mil 869 cuentan con una carpeta de investigación abierta. El resto, 26 mil 611, son meros “reportes” que nunca activaron un proceso penal.

La reforma de julio de 2025: un antes y un después en la obligación de buscar

El parteaguas, de acuerdo con lo compartido por la titular de la Secretaría de Gobernación, fue la reforma legal publicada en julio de 2025, impulsada por la presidenta tras los hallazgos en el Rancho Izaguirre y luego de un proceso de 134 mesas de diálogo con 774 colectivos de familiares de personas desaparecidas.

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Las modificaciones —a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y a la Ley de Población— establecen:

• La Alerta Nacional de Búsqueda: en el momento del reporte, la información se distribuye de forma masiva e instantánea a 512 instituciones, incluyendo Fiscalías, Guardia Nacional, aeropuertos, centrales de autobuses, empresas telefónicas y hoteles. Antes, la activación de alertas dependía de criterios discrecionales.
• Apertura obligatoria de carpeta de investigación: con el primer reporte, la Fiscalía debe iniciar una carpeta de investigación. Se elimina la figura del “reporte” sin consecuencias penales.
• Fiscalías Especializadas con unidades técnicas: se exige a los estados contar con fiscalías especializadas que integren análisis de contexto, delitos cibernéticos y búsqueda inmediata.
• Plataforma Única de Identidad: se utiliza la CURP como eje de identidad para cruzar datos con el INE, Registro Civil, SAT y otras bases.
• Fortalecimiento forense: se incorporaron 100 nuevos especialistas en la Comisión Nacional de Búsqueda, se crearon equipos multidisciplinarios con perfiles en arqueología y antropología, y se estableció la obligación de revisar SEMEFOS, fosas comunes y lugares de resguardo de cuerpos con toma de ADN.