Carloss Manzo
Michoacán
En seguimiento al caso del asesinato de Carlos Manzo, otrora presidente municipal de Uruapan, Michoacán, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, la fiscalía del estado informó que un juez de control decretó la vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa para el Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado. A este sujeto se le acusa de ser el presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, un crimen cometido a plena luz pública durante el Festival de las Velas.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán detalló que, tras presentar lo que describieron como “datos de prueba objetivos, idóneos, pertinentes y de carácter científico”, obtuvieron la medida en contra de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, a quien se le señala de orquestar no solo el homicidio del presidente municipal, sino también las lesiones contra un regidor que lo acompañaba.
En la misma audiencia, celebrada bajo estrictas medidas de seguridad, siete elementos de la seguridad municipal asignados a la custodia de Manzo también quedaron vinculados a proceso. Ello por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado “en su modalidad de comisión por omisión”. La decisión judicial sostiene que su inacción, a pesar de su deber como garantes, permitió que el ataque se consumara.
El fallo representa el avance más significativo en la investigación de un magnicidio que conmocionó a México. Y que puso al descubierto los intricados hilos que tejen las redes criminales en el estado de Michoacán, una región estratégica para el aguacate y plagada de violencia entre cárteles.
De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso, la investigación —realizada en estrecha coordinación con autoridades federales— logró desentrañar la meticulosa planeación del ataque, ocurrido el pasado 1 de noviembre.
Las autoridades establecieron que, en la agresión, participaron tres hombres. El primero, identificado como Víctor Manuel “N”, el agresor directo que disparó contra Manzo y fue “neutralizado” inmediatamente en el lugar. Los otros dos, Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, se encargaron de las labores de seguimiento y logística.
El destino de estos dos últimos cómplices añade un macabro giro a la historia: sus cuerpos sin vida se hallaron el 10 de noviembre en una carretera de Uruapan. La FGE sugiere en el comunicado que sus muertes “podrían estar relacionados con un intento por frenar el avance de las indagatorias y eliminar posibles conexiones entre los participantes”. Una práctica conocida que los cárteles suelen emplear para silenciar testigos y desarticular investigaciones.
“Los datos recabados permiten establecer que existió una coordinación detallada de la operación criminal, con instrucciones precisas sobre el seguimiento al alcalde, sus desplazamientos, las rutas utilizadas y la ejecución final del ataque”, detalló la fiscalía en su comunicado.
Quizás el aspecto más inquietante del caso, y que la fiscalía subrayó, es la presunta responsabilidad de los siete servidores públicos municipales encargados de proteger al alcalde. La teoría del Ministerio Público es que su omisión —su falla al no activar los protocolos de seguridad— permitió, o facilitó, que el ataque se llevara a cabo.
La detención de estos agentes, identificados como Omar “N”, Alejandro “N”, Mario Alberto “N”, Guillermo “N”, Demetrio “N”, Omar Osvaldo “N” y Monserrat “N”, se realizó mediante un operativo coordinado entre la FGE, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Subsecretaría de Investigación Especializada.
El juez, tras analizar las pruebas presentadas, decretó la prisión preventiva oficiosa para todos los imputados, considerando la gravedad de los delitos y el riesgo de fuga. Se fijó un plazo de tres meses para que la Fiscalía concluya la investigación complementaria.
El comunicado de la FGE concluye refrendando “su compromiso de mantener una estrecha coordinación con las instancias del Gabinete de Seguridad y autoridades estatales para garantizar que todas las personas involucradas en este homicidio sean llevadas ante los tribunales y se logre el pleno esclarecimiento de los hechos”.
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No obstante, el caso del alcalde Manzo se convirtió en un símbolo nacional de los riesgos que enfrentan los funcionarios que se oponen abiertamente al crimen organizado. Manzo, líder del “Movimiento del Sombrero”, denunció constantemente la infiltración del crimen en la economía local y la complicidad de algunas autoridades.
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