Agronitrogenados
Emilio Lozoya
Gilda Lozoya
Pemex
El caso Agronitrogenados, uno de los escándalos de corrupción más emblemáticos que salpicaron a la cúpula empresarial y política de México en la última década, dio un nuevo paso en su curso judicial. Una jueza de control federal, con sede en el Reclusorio Norte, dictó la vinculación a proceso de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por su presunta participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La resolución representa un avance significativo en la investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) tejió en torno a la adquisición de la planta de Agronitrogenados, ubicada en Pajaritos, Veracruz. De acuerdo con la acusación ministerial, la Gilda Susana Lozoya Austin fungió como un “eslabón” clave para ocultar la trazabilidad de un soborno de aproximadamente 3.5 millones de dólares que su hermano, entonces en vísperas de asumir la dirección general de Pemex, pactó con Alonso Ancira, accionista mayoritario de Altos Hornos de México (AHMSA).
La teoría del caso, sostenida con 54 datos de prueba presentados por el Ministerio Público, traza una ruta financiera que comenzó con una transferencia desde AHMSA hacia una cuenta de la Unión de Bancos Suizos (UBS), a nombre de la empresa fantasma Tochos Holding Limited, constituida en las Islas Vírgenes Británicas. El presunto propósito de esta red de triangulación era disfrazar el pago irregular que, a su vez, incentivó la compra de una planta que las autoridades califican como “chatarra” a un precio inflado, ocasionando un “grave daño al patrimonio del erario federal”.
El núcleo de la acusación contra Gilda Lozoya reside en que su hermano, Emilio Lozoya, le cedió los derechos sobre la mencionada cuenta suiza para desviar la atención de los flujos financieros subsecuentes. Con esos recursos, que suman cerca de 3.4 millones de dólares, se realizaron, por lo menos, cinco transferencias que, según las investigaciones, sirvieron para financiar la compra de una residencia de lujo en la exclusiva colonia Lomas de Bezares, en la alcaldía Miguel Hidalgo, adquirida a nombre de su hermano. Dicho inmueble fue posteriormente objeto de un procedimiento de extinción de dominio que concluyó a favor del gobierno federal.
A pesar de la contundencia argumental de la FGR, la defensa de Gilda Lozoya rechazó las imputaciones de manera tajante. Sus abogados sostienen que la acusada nunca firmó ningún documento ni autorizó las transferencias bancarias en Suiza, ya que residía en México en ese momento. Y que las operaciones se gestionaron por una firma externa, TMF Management.
El juez concedió un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el que la FGR deberá consolidar las pruebas que sustenten su teoría del caso. La audiencia para revisar las medidas cautelares se fijó para el próximo jueves, aunque por el momento, Gilda Lozoya enfrenta su proceso en libertad condicional. Esto fue determinado por la jueza Nora Ileana García Peralta, quien desestimó la solicitud de prisión preventiva presentada por la FGR al no acreditarse, en esta etapa, un riesgo de fuga suficiente.
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El caso Agronitrogenados, que sacudió las estructuras del poder político y empresarial, mantiene bajo proceso a Emilio Lozoya, quien actualmente goza de prisión domiciliaria. Así como también a Alonso Ancira, quien suscribió un acuerdo reparatorio con Pemex que aún no se liquida en su totalidad. La vinculación a proceso de Gilda Lozoya refuerza el cerco judicial sobre los beneficiarios finales de una red de corrupción que, en su momento, se calificó como una de las más lesivas para el patrimonio público de México.
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