Estados Unidos
Morena
Rubén Rocha Moya
Sinaloa
La noche del 28 de abril, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que recibió un paquete de solicitudes de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos, entre los que destaca el nombre de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa. Los documentos, entregados formalmente por la Embajada estadounidense en punto de las 18:00 horas, se turnaron de inmediato a la Fiscalía General de la República (FGR) para su análisis conforme a la legislación mexicana.
No obstante, lo que podría pudo ser un trámite rutinario de cooperación jurídica internacional derivó en un roce diplomático. Fuentes oficiales señalan que, tras una revisión jurídica preliminar al amparo del Tratado de Extradición bilateral, la Cancillería mexicana determinó que los expedientes no contienen elementos de prueba suficientes para acreditar la responsabilidad de las personas señaladas ni para fundamentar las detenciones provisionales solicitadas.
“Los documentos que fueron recibidos por parte de la Embajada de los Estados Unidos, de acuerdo con la revisión jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el marco del Tratado de Extradición bilateral, no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición”, informó la SRE en un comunicado. Y añadió que, “será la Fiscalía General de la República quien determine si existen elementos probatorios de acuerdo con el sistema jurídico mexicano y la viabilidad de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición”.
La SRE anunció que enviará un extrañamiento formal a la Embajada de Estados Unidos debido a la forma en que la información fue difundida públicamente. Los tratados bilaterales en materia de extradición contemplan cláusulas estrictas de confidencialidad durante las fases procesales, y el gobierno mexicano considera que esa reserva fue vulnerada.
Aunque el comunicado de la SRE no reveló los nombres de los solicitados, la coincidencia temporal es ineludible. Horas antes de que la Cancillería emitiera su informe, medios y agencias de noticias revelaron que la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos formales contra al menos diez personas, entre ellas el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros funcionarios por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, tráfico de fentanilo y posesión de armas de alto poder.
La DEA publicó un mensaje en redes sociales donde incluye plenamente el nombre del gobernador de Sinaloa entre los 10 funcionarios requeridos por Estados Unidos.
“El gobernador de Sinaloa y nueve funcionarios actuales y antiguos mexicanos enfrentan cargos por tráfico de drogas y armas”. Se lee en el mensaje de la DEA. Y agregaron que “Investigan a los alcaldes y sus vínculos con el crimen organizado CJNG. No es sólo Rocha Moya; también deben investigar a los alcaldes de Autlán (Gustavo Robles), Cihuatlán (Polo Pelayo) y La Huerta (Luis Arias) en Jalisco”.
El propio Rocha Moya reaccionó casi de inmediato desde sus redes sociales: “Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”. El mandatario calificó la acusación como “una calumnia” y un ataque contra la Cuarta Transformación y la soberanía nacional.
“Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa. Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable”, subrayó al tiempo que dijo que demostrarán “la falta de sustento de esta calumnia”.
Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson publicó una declaración donde confirmó la presentación de cargos penales por parte de la Fiscalía Federal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York en contra de Rocha Moya y de otros nueve funcionarios.
“Combatir la corrupción y la actividad criminal transnacional es una prioridad compartida para Estados Unidos y México. Nuestros países se comprometieron a fortalecer la transparencia, hacer cumplir las leyes anticorrupción y defender el Estado de derecho. Esto es lo que nuestros ciudadanos, en ambos lados de la frontera, quieren y merecen”. Resaltó.
Remarcó que EE. UU. continuará trabajando en “estrecha coordinación” con las autoridades mexicanas “para impulsar la rendición de cuentas, fortalecer las instituciones y promover la seguridad y la prosperidad de nuestros pueblos”.
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“Mantenemos nuestro compromiso con una relación basada en la confianza mutua, la responsabilidad compartida y el Estado de derecho. Si bien no podemos comentar sobre los hechos específicos de estas imputaciones y el proceso legal deberá seguir su curso, hay algo claro: la corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción de los Estados Unidos”, puntualizó.
