Chihuahua
Maru Campos
En un contexto de creciente tensión política y señalamientos sobre la presencia de agentes de la CIA en operativos de seguridad, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, defendió la actuación de su administración en el desmantelamiento de un mega laboratorio de metanfetaminas en la Sierra Tarahumara. Lo hizo con un discurso de corte directo, alejado de tecnicismos; pero que dejó abiertas varias de las preguntas que han generado controversia en los últimos días.
El pasado 19 de abril, durante un operativo encabezado por fuerzas de seguridad estatales y federales en la zona conocida como la Sierra Tarahumara —un territorio de difícil acceso y con presencia histórica de grupos delictivos dedicados al tráfico de precursores químicos—, se decomisaron más de 55 mil litros de sustancias líquidas, 50 toneladas de precursores químicos sólidos y cerca de dos mil litros de metanfetamina líquida, según reportes de la Fiscalía General de la República (FGR).
Maru Campos aseveró que esta acción evitó la distribución de millones de dosis de drogas sintéticas que “habrían envenenado a jóvenes y familias mexicanas”.
El mayor cuestionamiento surgió tras versiones periodísticas que señalaban la posible participación de agentes de la CIA durante el operativo. La gobernadora negó tajantemente haber gestionado, autorizado o tenido conocimiento de la presencia de personal extranjero en la acción. No obstante, no aclaró si dicho personal actuó por fuera de su conocimiento, o si existió coordinación con autoridades federales que no le informaron.
“En Chihuahua estamos actuando con legalidad, responsabilidad, con total transparencia y con absoluta firmeza”, dijo Campos, al mismo tiempo que reiteró que siempre ha sido “respetuosa de la Constitución Mexicana y de las leyes que de ella emanan, de todos sus artículos, pero, sobre todo, he sido respetuosa de proteger a las familias mexicanas”.
“El operativo fue diseñado y ejecutado por quienes tienen las atribuciones, la experiencia y formación de policía e investigación criminal”, declaró Campos, en alusión a las fuerzas estatales y al secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch, a quien dijo haber informado oportunamente. Asimismo, resaltó que, en ningún momento gestionó, autorizó o tuvo conocimiento de la presencia de “personas extranjeras” en dicho operativo.
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Ante el escándalo político, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, anunció la creación de una Unidad Especializada de investigación interna, que colaborará con la FGR. Además, instruyó a la fiscalía estatal para que actúen “conforme a derecho, caiga quien caiga”.
“No es lo mismo desmantelar un narcolaboratorio y combatir al crimen de manera frontal, como lo ha hecho mi gobierno, que ser un gobierno como los de ellos —en referencia a Morena— con acusaciones graves de tener vínculos con el narcotráfico”, sostuvo la mandataria, en un giro retórico que subraya la polarización entre el gobierno estatal panista y la administración federal.
“Así que, mientras en Morena atacan, ponen pretextos y buscan culpables para tapar la crisis y falta de resultados, nosotros seguiremos haciendo lo que nos toca: combatir al crimen, proteger familias, impulsar el empleo y defender la paz”, remarcó.
Campos justificó su falta de declaraciones previas sobre el accidente ocurrido durante el operativo y sobre las indagatorias en curso, argumentando que es necesario “cuidar la integridad de la investigación y permitir que las autoridades competentes hagan su trabajo libremente”.
Mientras Morena exige una investigación independiente y la FGR continúa sus averiguaciones, Campos insiste en que no hay “impunidad ni acuerdos en lo oscurito”. Y puntualizó que seguirá “de frente, con firmeza, con resultados y sin distraernos, defendiendo a todo Chihuahua, en coordinación con todas las instituciones del Estado Mexicano, para cumplir nuestra gran misión: asegurar la paz, preservar el estado de derecho y garantizar la libertad de las familias chihuahuenses”.
