Mario Delgado
SEP
En un giro significativo en la política educativa de México, el gobierno federal implemento un nuevo modelo que elimina los exámenes de admisión competitivos para el bachillerato público en la capital del país, reemplazándolos por un sistema que garantiza un lugar a cada egresado de secundaria. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum presenta “Mi derecho, mi lugar” como la materialización de un derecho educativo fundamental.
Según cifras oficiales proporcionadas por el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, el programa “Mi derecho, mi lugar” asignó plazas para el ciclo escolar 2025-2026 a más de 272 mil jóvenes en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). De este total, una abrumadora mayoría, el 94.7 por ciento, cursa sus estudios en alguno de los planteles públicos de Educación Media Superior de su elección. El 5.3 por ciento restante optó por instituciones de educación superior como el Instituto Politécnico Nacional o la Universidad Nacional Autónoma de México.
El titular de la SEP defendió la nueva política, describiéndola no como una simple reforma logística, sino como un “cambio estructural”. El modelo anterior, centrado en el examen COMIPEMS, quedó sustituido por uno que, en sus palabras, prioriza “el derecho a la educación y la equidad sobre la lógica de competencia y exclusión”.
“El objetivo es que ningún estudiante sea rechazado”, afirmó Delgado Carrillo, enfatizando que la continuidad educativa de los jóvenes es un compromiso central de la presidenta Sheinbaum.
Los datos iniciales de la SEP respaldan la eficacia del nuevo sistema. Bajo el mecanismo anterior, el 26.2 por ciento de los aspirantes obtenía un lugar en su primera opción. Con la nueva plataforma, esa cifra se elevó al 68.4 por ciento. Este incremento, argumenta Delgado Carrillo, evidencia la eliminación de barreras que dejaban fuera a miles de jóvenes, generando “desigualdades y frustración”.
Una de las innovaciones del programa es el criterio de asignación, que pondera las preferencias de los estudiantes con la proximidad del plantel a su domicilio. Este enfoque, señala la SEP, humaniza el proceso y pretende una distribución más equitativa de la matrícula, alivia la saturación en instituciones de alta demanda y, al promover que los jóvenes estudien cerca de sus comunidades, puede reducir la deserción escolar.
La transición requirió una ampliación planificada de la oferta educativa y el fortalecimiento de la infraestructura existente para absorber a la totalidad de los aspirantes, una medida alineada con la política gubernamental de garantizar una educación gratuita y universal.
El ahora extinto examen COMIPEMS funcionaba como un “filtro injusto”, declaró Delgado Carrillo, a pesar de que, en teoría, los estudiantes egresan de la secundaria con la preparación necesaria para el bachillerato. En su lugar, “Mi derecho, mi lugar” se apoya en un registro simplificado donde los estudiantes listan sus preferencias, un proceso que la Secretaría describe como transparente y eficiente, y que busca fortalecer la confianza en el sistema educativo.
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Con este modelo, la administración actual consolida una de sus promesas de campaña en el sector educativo. “Hoy podemos decir que nadie se queda fuera”, concluyó el secretario. “Eliminamos los obstáculos y convertimos el derecho a estudiar en una realidad para los jóvenes”.
