Jornada laboral
Senado de la República
Este miércoles, el Senado de la República aprobó modificar una reforma constitucional (al artículo 123) para reducir gradualmente la jornada laboral hasta llegar a las 40 horas semanales. Se trata de un avance largamente postergado que coloca a México a la vanguardia regional en derechos laborales; pero que también desató críticas por la lentitud de su implementación.
Con 121 votos a favor en lo general y 103 en lo particular, la Cámara Alta dio luz verde a la modificación del apartado A del artículo 123 de la Constitución Mexicana, el mismo que, desde 1917, consagró la jornada máxima de ocho horas diarias. El texto, turnado ahora a la Cámara de Diputados, establece una reducción paulatina que no culminará sino hasta 2030: de las 48 horas actuales se pasará a 46 en 2027, a 44 en 2028, a 42 en 2029, hasta alcanzar las 40 horas en 2030.
La gradualidad, justificada por sus impulsores como una medida para no desestabilizar al sector empresarial, fue el punto más álgido del debate. Para algunos legisladores, se trata de un gesto tardío que diluye la urgencia de aliviar la carga de millones de trabajadores mexicanos —quienes, según la OCDE, encabezan las listas de más horas laboradas y menor productividad entre los países miembros.
“Trabajar más horas no significa trabajar mejor”, defendió Geovanna Bañuelos de la Torre, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, al presentar el dictamen. “Esta reforma implica devolver tiempo a trabajadores que salen de casa antes del amanecer y vuelven cuando ya es de noche, para que convivan más con sus familias y puedan descansar y mejorar su salud. Agregó.
Aseguró que el espíritu del cambio no es sólo cuantitativo. Se trata de resignificar el tiempo como un derecho: tiempo para el descanso, la familia, la salud. La iniciativa también establece que, por cada seis días laborales, deberá otorgarse al menos un día de descanso con goce de salario íntegro. Y endurece las sanciones al trabajo extraordinario: las horas extra se pagarán al doble del salario ordinario y, si exceden de doce horas a la semana, al triple. Además, prohíbe expresamente que menores de 18 años realicen horas extraordinarias.
Durante la sesión, las bancadas manifestaron posturas matizadas. Marko Cortés, del Partido Acción Nacional (PAN), calificó la reforma como “un acto de justicia a medias” por su aplicación diferida y por no atender el problema estructural del 50 por ciento de trabajadores en la informalidad. En contraste, Óscar Cantón Zetina, de Morena, resaltó que, “desde 1917 no se modificaba la legislación”. Y subrayó que la reducción se hará sin disminuir salarios ni prestaciones y que las horas extra serán voluntarias.
Las voces críticas también señalaron una omisión que consideran sustantiva: el descanso de dos días por semana. Tanto el PRI como Movimiento Ciudadano insistieron sin éxito en establecer cinco días de trabajo y dos de descanso. El senador de MC, Clemente Castañeda Hoeflich, señaló que un día de descanso por semana “no es suficiente para que las personas puedan recuperarse, convivir y realizar sus actividades domésticas”. Mientras que, Cristina Ruiz Sandoval, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue más tajante: “Es necesario establecer en la Carta Magna cinco días de trabajo y dos días de descanso. Porque, de lo contrario, nuevamente le estarán mintiendo al pueblo de México”, dijo.
En total, se rechazaron 18 reservas presentadas por distintos grupos parlamentarios. Algunas buscaban adelantar los plazos, otras incorporar incentivos fiscales para empresas que aplicaran la reducción de inmediato. Y unas más, precisar facultades de la autoridad laboral para evitar conflictos interpretativos.
Pese a las diferencias, un consenso subyacente atravesó el debate: México necesita transitar hacia un modelo productivo que no dependa de la explotación del tiempo. Enrique Inzunza Cázarez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, resumió esa aspiración al afirmar que la reforma “recupera la tradición social de la Constitución de 1917” y da un paso más hacia el Estado Constitucional de Bienestar.
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No obstante, el camino hacia las 40 horas aún deberá sortear varios obstáculos. El primero, su ratificación en la Cámara de Diputados. El segundo, más profundo, consiste en transformar un entramado productivo donde la informalidad, la subcontratación y la precariedad siguen siendo la norma para millones. Como advirtió Lizeth Sánchez García, del PT: “La reforma tiene rostro, es para padres y madres que salen cuando aún no amanece y regresan cuando sus hijos ya duermen”. La cuestión ahora es si ese rostro podrá esperar seis años más.
