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La Fiscalía General de la República (FGR) presentó su primer informe oficial sobre el caso del Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, en Jalisco. Lo anterior luego de que colectivos de búsqueda localizaran restos humanos, prendas de vestir, calzado y posibles hornos crematorios clandestinos en el sitio.
El titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, detalló una serie de omisiones y fallas en la investigación inicial realizada por la Fiscalía de Jalisco. Ya que no detectaron los hallazgos antes mencionados durante sus revisiones previas en septiembre y octubre de 2024.
El rancho Izaguirre quedó intervenido por primera vez el 20 de septiembre de 2024 por elementos de la Fiscalía de Jalisco y la Guardia Nacional. Esto durante una operación que resultó en la detención de 10 presuntos secuestradores y el rescate de dos personas privadas de su libertad. No obstante, de acuerdo con el informe de la FGR, las autoridades estatales “no realizaron una inspección exhaustiva del lugar”, lo cual permitió que evidencias cruciales pasaran desapercibidas.
No fue hasta el 5 de marzo de este año que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, tras recibir una pista anónima de un sobreviviente, ingresó al rancho y descubrió los restos humanos y otros indicios de actividades criminales. Testimonios señalan que el lugar era utilizado como campo de entrenamiento por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde reclutaban y adiestraban a nuevos miembros.
En su informe, Gertz Manero enumeró una serie de irregularidades cometidas por la Fiscalía de Jalisco durante su intervención inicial. Entre las más destacadas se encuentran:
Adicionalmente, el fiscal general criticó que, a seis meses de la intervención inicial, la Fiscalía de Jalisco no emitió un dictamen definitivo sobre la antigüedad e identidad de los restos encontrados. Ni realizó análisis físicos y químicos que confirmen el uso de las zanjas como crematorios clandestinos.
Uno de los aspectos más preocupantes del caso, según la FGR, es la posible complicidad de autoridades locales con el CJNG. Testimonios de sobrevivientes sugieren que elementos de la policía municipal de Tala, cercana al rancho, colaboraban con el cártel. De hecho, el jefe de la policía de Tala actualmente está detenido por su presunta participación en estas actividades.
Gertz Manero señaló que la Fiscalía de Jalisco no investigó a fondo las declaraciones de las víctimas, quienes afirmaron que las prendas de vestir encontradas en el rancho pertenecían a personas reclutadas por el CJNG. A estas víctimas las obligaban a dejar su ropa para uniformarse según los estándares tácticos del grupo criminal.
Otra irregularidad destacada por la FGR es que, tras las diligencias iniciales de la Fiscalía de Jalisco, el Rancho Izaguirre quedó en completo abandono, sin ninguna medida de protección, a pesar de su aseguramiento. Lo anterior posibilitó que el lugar quedara vulnerable a saqueos y alteraciones, lo que pudo comprometer la integridad de las pruebas.
La FGR también criticó que las autoridades estatales no identificaron de inmediato los antecedentes del inmueble ni tomaron declaraciones a funcionarios locales, como el presidente municipal de Teuchitlán y el secretario de seguridad pública, sobre su conocimiento de las actividades criminales en la zona.
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Ante tales omisiones, la FGR solicitó formalmente a la Fiscalía de Jalisco que entregue, de inmediato, los peritajes definitivos y toda la documentación relacionada con el caso Teuchitlán. Gertz Manero subrayó la importancia de que las investigaciones se realicen con transparencia y rigor, especialmente en casos que involucran delitos de alto impacto como los cometidos por el CJNG.
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