CDMX
Crimen Organizado
Jalisco
A través de una operación conjunta que involucró a las fuerzas de seguridad más importantes de México, autoridades federales capturaron a José Gregorio “N”, alias “El Lastra”, líder de una célula criminal, identificado como reclutador de sicarios para el el de Jalisco Nueva Generación (CJNG). La detención, ejecutada en la alcaldía de Cuajimalpa, marca un nuevo esfuerzo del gobierno por desmantelar las redes logísticas que alimentan a las organizaciones narcotraficantes.
La acción, coordinada entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), contó con inteligencia proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). En el operativo también se detuvo a una mujer de 43 años que acompañaba al sospechoso, aunque su presunta participación en las actividades criminales aún está bajo investigación.
De acuerdo con Omar García Harfuch, titular de la SSPC, el operativo se logró tras meses de seguimiento, análisis de inteligencia y trabajo de campo en Jalisco, donde la organización mentiene una fuerte presencia. Las investigaciones revelaron que José Gregorio “N”, de 51 años, operaba como reclutador clave, buscando y entrenando nuevos miembros para el crimen organizado en campos de adiestramiento clandestinos, como el de Teuchitán.
Agentes federales rastrearon los movimientos del presunto reclutador de sicarios mediante vigilancia fija, móvil y discreta, lo que permitió anticipar su traslado a la Ciudad de México. Al llegar a Cuajimalpa, un operativo bien coordinado aseguró su captura sin incidentes violentos.
El gobierno federal presentó la detención como una muestra del éxito de la Estrategia Nacional de Seguridad, destacando la colaboración interinstitucional. “Refrendamos nuestro compromiso de desarticular a los generadores de violencia y construir paz en todo el territorio”, señaló un comunicado oficial.
Sin embargo, analistas cuestionan si estas acciones aisladas pueden frenar la expansión de los grupos criminales, que han diversificado sus operaciones hacia el tráfico de personas, la extorsión y el robo de combustible. “Capturar a un reclutador afecta temporalmente las operaciones; pero sin desmantelar las estructuras financieras y políticas que los protegen, el impacto será limitado”, advirtió Eduardo Guerrero, especialista en seguridad.
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Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación legal en los próximos días. Mientras tanto, las autoridades insisten en que este caso demuestra su capacidad para golpear a las organizaciones criminales, incluso fuera de sus bastiones tradicionales.