Crimen
Dani Alves
España
La Fiscalía Superior de Cataluña anunció este miércoles 2 de abril de 2025 que presentarán un recurso de casación ante el Tribunal Supremo de España. Esto con la intención de impugnar la sentencia absolutoria otorgada al exfutbolista Dani Alves. Recordemos que, en diciembre de 2022, al futbolista lo acusó una joven, de 23 años, por presuntamente abusar sexualmente de ella en un baño de la discoteca Sutton, en Barcelona.
La decisión judicial, emitida el 28 de marzo por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), revocó una condena previa de cuatro años y medio de prisión. Lo cual provocó indignación en aquel país.
Sobre ello, el ministerio público, a través de un comunicado, alegó que la sentencia del TSJC vulnera “preceptos constitucionales y principios del Código Penal”. La Fiscalía recurrió previamente a la condena inicial; pero en sentido contrario: solicitaba elevar la pena a nueve años, ya que consideran injustificada la atenuante por reparación del daño (Alves entregó 150 mil euros como indemnización provisional).
La apelación se centra en argumentos jurídicos formales, dado que el Supremo no puede reevaluar pruebas testificales o documentales. No obstante, si el alto tribunal encuentra errores en la fundamentación de la absolución, podría ordenar un nuevo juicio ante un tribunal distinto.
La resolución del TSJC se basó, en gran medida, en un vídeo que, previo a los hechos, muestra a Dani Alves y la denunciante interactuando en el área VIP de la discoteca Sutton. Los magistrados consideraron que el testimonio de la mujer presentaba “inconsistencias” y que las pruebas no superaban el umbral de la presunción de inocencia.
Sin embargo, la Audiencia de Barcelona concluyó, en primera instancia, que existían indicios suficientes para condenar al futbolista, destacando una herida en la rodilla de la víctima y contradicciones en las declaraciones de Alves. El TSJC, no obstante, tachó estos elementos de “vacíos e imprecisiones”.
La absolución polarizó a la sociedad española. La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, calificó el fallo como un hecho “vergonzoso” y criticó que “la presunción de inocencia se anteponga al testimonio de mujeres valientes”. Sus declaraciones provocaron un enfrentamiento con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que defendió la independencia judicial y recordó que “apoyar a las víctimas no implica renunciar a garantías constitucionales”.
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El recurso de la Fiscalía y la posible apelación de la acusación particular prolongarán un caso que ya cumple más de dos años. Expertos legales advierten que el Supremo podría tardar más de doce meses en resolver, con un margen de maniobra limitado por las restricciones constitucionales. Mientras tanto, Dani Alves, quien pasó 14 meses en prisión preventiva antes de ser liberado en 2024 tras pagar una fianza de un millón de euros, sigue bajo el escrutinio de un sistema judicial y de la opinión pública.
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