Gabinete de Seguridad
Huachicol
En una operación conjunta que abarcó varios estados, las autoridades mexicanas anunciaron la detención de 14 personas, entre ellas militares en activo y expersonal aduanal. Lo anterior por su presunta participación en una red criminal dedicada al contrabando de combustible (huachicol), delito que ha drenado miles de millones de pesos de la economía nacional.
El operativo, presentado como un ejemplo de la política de “cero tolerancia” a la corrupción, resultó de una investigación de meses iniciada tras el decomiso histórico, en marzo de 2025, de 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico, Tamaulipas.
Los titulares de las agencias de seguridad y justicia del país —el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch; el almirante de Marina, Raymundo Pedro Morales; y el fiscal general, Alejandro Gertz Manero— comparecieron juntos en una conferencia de prensa para detallar una trama que, describieron, involucró documentación apócrifa, la complicidad de empresas de transporte y la infiltración de servidores públicos.
“Estas acciones fueron realizadas en concordancia con los principios que caracterizan a la presente administración para combatir la corrupción y la impunidad”. Subrayó García Harfuch, cuyo liderazgo en materia de seguridad.
La investigación, denominada de inteligencia financiera, reveló que la red operaba con un nivel sofisticado de logística, utilizando papeles falsificados para simular el traslado legal de hidrocarburos. Las indagatorias permitieron a las autoridades rastrear un patrón de enriquecimiento inexplicable entre los sospechosos, incluyendo la adquisición de propiedades de alto valor, vehículos de lujo y pólizas de seguros con primas sustanciales, incongruentes con sus ingresos declarados.
Entre los detenidos en los operativos realizados en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y la Ciudad de México, están tres empresarios, cinco marinos en servicio activo, un militar retirado y cinco exfuncionarios de la Agencia Aduanal. Todos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para ser procesados.
El caso pone una incómoda mirada sobre la corrupción dentro de instituciones clave. El almirante Morales, secretario de Marina, reconoció la implicación de personal bajo su mando. Sin embargo, fue rápido en afirmar que la institución mantiene “mecanismos permanentes para detectar y sancionar malas prácticas conforme a derecho”.
“En la Marina no hay espacio para la impunidad”, declaró Morales, añadiendo que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, es clara: defensa irrestricta del honor de la Secretaría. “Se honra a la gran mayoría de mujeres y hombres navales que se conducen bajo los valores de honor, deber, lealtad y patriotismo”, sostuvo.
Por su parte, el fiscal Gertz Manero proporcionó el trasfondo legal, recordando que la investigación se originó a partir de una denuncia presentada hace dos años por la propia Marina, entonces bajo el mando del almirante Rafael Ojeda, sobre irregularidades internas. Esa denuncia, externó, abrió una línea de investigación que eventualmente expuso conductas que “rebasaban el ámbito de las funciones institucionales y que estaban vinculadas con actividades delictivas”.
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Además de las detenciones, las autoridades obtuvieron órdenes de bloqueo contra 20 personas físicas y morales vinculadas a la red. Así como el aseguramiento de cuentas bancarias y bienes materiales.
El secretario García Harfuch admitió que las investigaciones continúan abiertas. “La instrucción es detener a todos los involucrados en este delito”, afirmó, dejando en claro que este caso está lejos de estar cerrado.
